A Mons. Tadeusz Kondrusiewicz, Arzobispo de Minsk, el gobierno de su país le ha impedido su regreso desde Polonia, desde hace 4 días.
Minsk (03/09/2020 17:57, Gaudium Press) Ahora son los obispos de Europa, los que manifiestan su apoyo a Mons. Tadeusz Kondrusiewicz, Arzobispo de Minsk, a quien el gobierno de su país le ha impedido su regreso desde Polonia, desde hace 4 días.
Por medio de un comunicado de la presidencia de la Confederación de Conferencias Episcopales de Europa, los obispos de este continente expresan “la cercanía de todo el episcopado europeo a monseñor Kondrusiewicz y la Iglesia de Bielorrusia en este delicado momento”, al mismo tiempo que recuerdan el apelo del Papa al “diálogo, el rechazo de la violencia y el respeto a la justicia y a la ley” en el país, apelo realizado en la oración del Ángelus del 16 de agosto pasado.
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Los obispos europeos exigen del gobierno bielorruso que se permita “el regreso inmediato a casa del arzobispo de Minsk y la reanudación de su ministerio episcopal”, e invita a todos a “comprometerse en una solución pacífica al conflicto y a seguir, con confianza, la vía del diálogo por el bien del hombre, y de la sociedad en su conjunto”.
Lukashenko acusa a Mons. Kondrusiewicz
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ya no se para en mientes, en cuanto a sus ataques a la Iglesia católica y particularmente al Arzobispo de la capital.
Según Lukashenko, el Arzobispo de Minsk recibió “misiones concretas” de Polonia mientras allá se encontraba. Además, el gobierno ha abierto una investigación contra Mons. Kondrusiewicz por supuestamente ostentar otra ciudadanía además de la bielorrusa, presumiblemente la polaca.
“A nosotros no nos importa si es el jefe de los católicos, ortodoxos o musulmanes. Debe cumplir la ley. Y si tú te metes en política y arrastras contigo a los fieles católicos (…), entonces, doble responsabilidad”, dijo Lukashenko, mostrando que la investigación sobre doble nacionalidad es meramente una excusa para perseguir al obispo por su defensa de los derechos ciudadanos, tras las cuestionadas elecciones del pasado 9 de agosto.
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