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Si nada cambia hasta julio, lo más probable no es un avance hacia alguna forma de comunión plena, sino la reedición, en nuevos términos, de un conflicto antiguo.
Foto: FSSPX
Redacción (10/02/2026 10:45, Gaudium Press) El anuncio de que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) pretende consagrar nuevos obispos sin mandato pontificio en julio no es un gesto neutro, ni apenas retórico. Toca directamente el nervio expuesto de la comunión eclesial y obliga a Roma, ahora bajo León XIV, a decidir si responderá con firmeza jurídica, con ambigüedad pastoral o con una combinación arriesgada de ambas. Está agendada para el próximo día 12 la reunión entre el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Cardenal Víctor Manuel Fernández, y representantes de la FSSPX. El desarrollo de este diálogo, hasta el momento, presenta resultados limitados en relación con su eficacia. Ante años de impasse, vale la pena cuestionar: ¿cuál es el pronóstico de esta conversación?
Desde el punto de vista estrictamente canónico, el escenario es todo menos nebuloso. La legislación actual es directa al prever la excomunión automática tanto para quien confiere como para quien recibe la ordenación episcopal sin mandato del Papa. El Derecho Canónico fue pensado exactamente para este tipo de situación, con una formulación binaria que reduce al mínimo los márgenes de interpretación subjetiva: hay mandato o no lo hay. Si no lo hay, la sanción está prevista. En ese sentido, el argumento de que se trataría apenas de una irregularidad administrativa o de un gesto motivado por circunstancias excepcionales no encuentra respaldo sólido en el Derecho vigente.
El problema real no está apenas en la letra de la ley, sino en el contexto histórico y eclesiológico que la envuelve. En 1988, Juan Pablo II no se limitó a aplicar la pena prevista; interpretó el gesto de Mons. Marcel Lefebvre como un acto de desobediencia grave que, en las circunstancias concretas, configuraba un rechazo práctico del primado romano. De ahí la calificación explícita de acto cismático y la declaración formal de las excomuniones.
El dato más inquietante, como bien subraya el sitio de noticias católicas The Pillar, es que el liderazgo actual de la FSSPX afirma que las razones que motivaron aquellas consagraciones no solo permanecen, sino que se han vuelto aún más urgentes. En otras palabras, la justificación teológica y eclesial es esencialmente la misma que ya fue examinada y rechazada por el Magisterio pontificio.
Esto reduce drásticamente el espacio para lecturas benevolentes. Si la Santa Sede emite advertencias claras, como hizo en 1988, y la Fraternidad avanza aun así, será muy difícil sostener que se trata apenas de un delito técnico, desvinculado de una actitud de ruptura. La insistencia en actuar contra una orden explícita del Papa, en materia directamente ligada a la sucesión apostólica y a la unidad del colegio episcopal, carga inevitablemente un peso eclesiológico que ultrapasa la simple desobediencia puntual.
Es en este punto que entran las conversaciones conducidas por el Cardenal Víctor Manuel Fernández. A pesar de la retórica diplomática de continuidad del diálogo, las señales hasta ahora no son auspiciosas. La FSSPX no da indicaciones de que esté dispuesta a retroceder en su plan, ni de que acepte revisar las premisas de fondo que sustentan su lectura de la Tradición. Del otro lado, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe no parece inclinado a reabrir discusiones ya cerradas sobre la legitimidad del Magisterio posconciliar o sobre la autoridad del Papa en materia disciplinar y doctrinal. El diálogo, así, corre el riesgo de convertirse en un ejercicio formal, incapaz de alterar decisiones ya tomadas.
Ante esto, pueden esbozarse algunos escenarios probables. El primero es el más lineal y jurídicamente coherente. La Fraternidad lleva adelante la consagración. Roma reacciona aplicando el canon sobre ordenaciones ilícitas, declara las excomuniones y, eventualmente, reafirma que el gesto constituye también un acto cismático, a la luz del precedente de 1988. Este escenario tendría el mérito de la claridad, pero profundizaría la ruptura y haría aún más distante cualquier regularización institucional en el corto plazo. Esto probablemente sería irreversible: habría cisma, excomunión decretada y gran impacto mediático y pastoral.
El segundo escenario sería una respuesta más minimalista. León XIV podría optar por declarar apenas la excomunión automática prevista para la consagración sin mandato, evitando usar explícitamente el lenguaje de cisma. Esto abriría un debate técnico sobre la naturaleza de la pena, pero no cambiaría lo esencial. Los involucrados estarían excomulgados y la situación de la Fraternidad permanecería irregular. Sería una forma de aliviar el simbolismo del conflicto sin dejar de aplicar la ley. Sin embargo, este silencio de Roma puede desagradar a sectores conservadores que buscan una punición ejemplar para evitar nuevos cismas.
Hay aún un tercer escenario, más improbable, pero no imposible. Presiones internas y externas podrían llevar a una solución de última hora, con algún tipo de acuerdo que evitara la consagración o la reconfigurara de modo aceptable para Roma. Para esto, sin embargo, sería necesario que la FSSPX aceptara reconocer explícitamente la autoridad del Papa sobre el nombramiento de obispos y que Roma ofreciera garantías concretas de continuidad litúrgica y disciplinar. Hasta ahora, nada indica que tal convergencia esté próxima.
En cualquiera de estos escenarios, León XIV se encuentra en una posición delicada. Como canonista, sabe que la credibilidad de la ley eclesiástica depende de su aplicación coherente. Como pastor, tiene consciencia de que una nueva ronda de excomuniones será presentada por muchos como un fracaso del diálogo y como un capítulo más de la polarización interna de la Iglesia, potencialmente ocasionando más cismas entre comunidades tradicionales. Al mismo tiempo, una respuesta excesivamente blanda podría ser leída como tolerancia a actos que corroen la propia estructura de la comunión.
El pronóstico, por tanto, no es alentador. Si nada cambia hasta julio, lo más probable no es un avance rumbo a alguna forma de comunión plena, sino la reedición, en nuevos términos, de un conflicto antiguo. Las conversaciones continúan, pero parecen más un ritual de mantenimiento de canales abiertos que un verdadero camino de convergencia.
Para León XIV, el desafío será decidir si prefiere la claridad dolorosa o la ambigüedad prolongada.
Para la FSSPX, la elección es aún más radical. Permanecer al margen, reforzando una identidad construida en la oposición, o aceptar que no hay Tradición viva fuera de la comunión efectiva con aquel a quien, guste o no, fue confiado el ministerio de la unidad.
La Fraternidad tiene consciencia de las consecuencias involucradas. Resta saber si estarán abiertos a la negociación o si aceptarán la responsabilidad por el rompimiento en la comunión y posibles sanciones más severas. Marcel Lefebvre falleció excomulgado, y no sería positivo que los demás obispos terminaran en condición semejante.
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