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El dinero es fruto de una donación legal de Cáritas USA a Cáritas de Estelí. El régimen lo usaría para ‘probar’ blanqueo de capitales.
Foto: Mathieu Turle en Unplash
Redacción (07/06/2023 09:56, Gaudium Press) Por más que Rosario Murillo hable de “Su Eminencia” para referirse al Arzobispo de Managua, una cosa habla la boca, otra siente el corazón y otra ejecuta la mente, que inmisericordemente persigue a la Iglesia.
Reporta 100% Noticias que desde el 2018, cuando en abril de ese año iniciaron protestas sociales que fueron brutalmente reprimidas no solo por las fuerzas gubernamentales sino también paramilitares, la dictadura de Ortega ha obligado a 77 religiosos a abandonar el país.
Al menos 40 religiosos han sido expulsados, 17 fueron al exilio al ver amenazada su seguridad, a 12 el gobierno prohibió el regreso al país, y 8 fueron desterrados, o declarados apátridas o prófugos. De los 77 religiosos 41 son hmbres, y 36 mujeres. Los datos parten de las informaciones dadas por Martha Patricia Molina, autora del estudio “Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida”, quien acompaña todo el acoso.
Entre los que han tenido que abandonar el país hay dos obispos, Mons. Silvio Báez y el antiguo nuncio, Mons. Waldermar Sommertag. Entre las religiosas que han salido de Nicaragua, hay 18 misioneras de la Madre Teresa. También debió partir Mons. Marcel Diouf, secretario de la Nunciatura, quien se había quedado tras la partida de Mons. Sommertag.
Continúa el montaje económico contra la Iglesia
Ahora, el régimen ha iniciado una operación estrangulamiento económico de la Iglesia, congelando las cuentas de varias diócesis y otras entidades católicas. Para justificar la radical medida, la dictadura afirma por boca de la Policía que ha encontrado bolsas de dinero en locales dependientes de la Iglesia, que serían fruto de blanqueo de capitales.
Ahora Aciprensa trae lanoticia de que la dictadura Ortega-Murillo ha retenido más de medio millón de dólares, donados por la agencia católica americana Catholic Relief Services a la diócesis de Estelí, de la cual era administrador el obispo prisionero Mons. Rolando Álvarez.
La donación fue tramitada de acuerdo a todos los requisitos legales vía agencia Cáritas de Estelí, en el año 2012. Acosada de diversos modos, el legislativo nicaraguense canceló la personería jurídica de Cáritas a inicio de 2022. Ahora el gobierno estaría usando esa donación como la ‘prueba reina’ del inventado lavado de dinero.
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