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Las escuelas concertadas, son aquellas en las que el gobierno cubre algunas de las obligaciones y la gestión la hace una institución privada
Mons. Argüello, secretario del episcopado español
Madrid (08/07/2020 10:29, Gaudium Press) Las escuelas concertadas, que algunos llaman escuelas público-privadas son aquellas en las que el gobierno cubre algunas de las obligaciones como pago de nóminas de trabajadores, realiza una propuesta de un modelo educativo, establece algunas condiciones generales, y la gestión de la escuela la realiza una institución privada, que en España en buena medida son instituciones de la Iglesia. Hay preocupación en el episcopado español por un proyecto de ley que las afecta.
Se trata del proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), conocido como proyecto Celaá por ser su inspiradora la ministra de Educación española, Isabel Celaá.
Ese proyecto comenzó curso en el parlamento durante la pandemia, sin haber logrado consenso.
Entre otros peligros que se advierten en ese proyecto de ley está que se excluye la asignatura de Religión del programa educativo.
Es más costosa la escuela pública que la escuela concertada. No se entiende la determinación del gobierno
El gobierno excluyó también ayudas de más de 2 mil millones de euros previstos para estas las escuelas concertadas. Sobre este particular se pronunció Mons. Luis Argüello, secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal española, quien dijo que algunas modificaciones de la ley Celaá se relacionan con la exclusión de la ayuda a la escuela concertada.
Afirmó el prelado que no entiende que se haya aprobado “un criterio del reparto de fondos de ayuda para la educación en España y que se excluya a una parte que representa casi un tercio de la red pública en España”, refiriéndose a la red concertada.
Expresó el obispo que “desde los propios datos de los presupuestos del Estado, desde los propios datos del Ministerio de Educación” es manifiesto que “el gasto que supone para las arcas públicas un puesto en la red pública estatal es bastante más alto del que representa un puesto escolar en la red pública de iniciativa social (concertada)». Y por ello dijo no comprender por qué “en un tiempo de singular crisis se le someta a un esfuerzo mayor [a la educación concertada] al no recibir estas ayudas”.
Dijo también Mons. Argüello que se tiene la esperanza de que se pueda revocar esta decisión “porque lo que se ha hecho es aprobar una propuesta en la comisión especial aprobada en el Congreso para reconstrucción. Esto tiene que ir al pleno del Congreso de los Diputados y luego en cada una de las comunidades autónomas ha de articularse la distribución”.
“Nosotros esperamos que en el pleno del Congreso de los Diputados este criterio pueda reformarse y todo nuestro sistema público de educación, el de iniciativa social y el de iniciativa estatal, reciba las ayudas que se precisen”, recalcó.
Sobre la modificación a la Ley de Educación
Después de manifestar su sorpresa porque los trámites de la ley Celaá hayan avanzado sin consenso y en tiempo de “pandemia, de estado de alarma”, el obispo portavoz del episcopado español dijo que incluso en la educación que es estrictamente estatal es importante lograr consensos, pues allá “van montones de familias, muchas de las familias, por supuesto vinculadas a la Iglesia, que llevan sus hijos a la red pública estatal”.
Expresó que le preocupan “algunos de los criterios que introduce la nueva ley, como por ejemplo, el considerar que están en el mismo rango de responsabilidad educativa los padres y el Estado, en una sorprendente propuesta de coeducación entre el Estado y los padres”.
“Nosotros creemos que hay una subsidiariedad. Por que el titular, como reconoce por otra parte el artículo 27 de la Constitución de la educación de los hijos y singularmente la educación moral y religiosa, son los padres y que el Estado ayuda, como no podría ser de otra manera, a que algo tan importante en la vida de una sociedad como es la educación pueda realizarse”, persistió.
También le preocupa que el criterio de “demanda social”, por el cual la solicitud y elección de los padres de la escuela es tenido en cuenta, ya no sea más considerado, y sea solo el Estado el que asigne el centro escolar. Dijo también que “tenemos una preocupación por el estatus de la educación moral y religiosa en la escuela reconocida también en nuestra Cosntitución que se viene desarrollando a lo largo de todos estos años”.
Con información de Aciprensa
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