Menú 
Un juez federal ha dictado una orden favorable a la Iglesia.
El juez federal David Joseph
Redacción (09/09/2025 11:26, Gaudium Press) Un juez federal en los EE.UU. ha dictado una orden que impide a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) hacer cumplir una norma laboral que obligaría a los empleadores a realizar ajustes razonables en relación con el aborto frente a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB) y otras entidades católicas.
La decisión, firmada por el juez David Joseph la semana pasada, seguirá vigente mientras prosigue el litigio contra dicha norma. El auto prohíbe a la EEOC aplicar su norma definitiva de modo que fuerce a estos grupos a actuar contra sus convicciones religiosas, e impide, entre otras cosas, abrir investigaciones por negarse a respaldar procedimientos como el aborto, la gestación subrogada o la fecundación in vitro (FIV).
El auto amplía una orden previa que ofrecía una protección más limitada, al salvaguardar solo a los obispos frente a la aplicación en casos de abortos voluntarios. Con aquella resolución, la EEOC aún podía exigir ajustes para abortos vinculados a afecciones médicas comunes del embarazo —como ansiedad, náuseas o cambios hormonales—, según la demanda. Ahora la protección es más amplia y exime por completo a los demandantes católicos de cumplir la norma cuando contradiga la doctrina católica, incluyendo el aborto por indicación médica, la anticoncepción, la esterilización y las técnicas de reproducción asistida.
El origen se sitúa en la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas (PWFA), firmada por el entonces presidente Joe Biden en diciembre de 2022 y en vigor desde junio de 2023. La ley obliga a los empleadores con al menos 15 trabajadores a proporcionar ajustes razonables por limitaciones derivadas del embarazo, el parto y afecciones médicas relacionadas, sin mencionar expresamente el aborto. No obstante, en abril de 2024 la EEOC aprobó una norma definitiva que interpretaba «afecciones médicas relacionadas» como inclusión del aborto, la FIV y la gestación subrogada, con exenciones religiosas limitadas y evaluadas caso por caso, y solo tras denegar una solicitud de ajuste.
La USCCB apoyó inicialmente la PWFA por considerarla una medida para proteger a las mujeres embarazadas y favorecer mejores resultados en salud para madres e hijos. Sin embargo, al estimar que la EEOC se había «extralimitado», interpuso una demanda en 2024, alegando que la norma convertía esas protecciones en un mandato favorable al aborto y vulneraba la libertad religiosa. Los abogados del Becket Fund for Religious Liberty, que representan a los obispos, sostuvieron que la norma impedía a los empleadores aplicar políticas «a favor de la vida» frente a empleados que optaran por abortar, restringía la comunicación sobre convicciones provida si «interferían» con los ajustes por abortos y obligaba a censurar determinadas expresiones provida de los trabajadores.
No se impugna la ley sino su interpretación excesiva
Daniel Blomberg, vicepresidente del Becket Fund, explicó a Catholic News Agency que la demanda no impugna la PWFA en sí, sino el «exceso» de la EEOC. Añadió que la agencia había aceptado previamente no aplicar el supuesto mandato a los obispos, pero se oponía a que se dictara una orden judicial. «La nueva orden plasma por escrito ese acuerdo y otorga una protección legal formal», señaló. Advirtió además de que la aplicación de la norma obligaría a centros de trabajo confesionales a revisar políticas internas contrarias a sus principios morales y que determinadas expresiones provida podrían considerarse discurso coercitivo o discriminatorio, exponiendo a los empleadores a riesgos legales como medidas cautelares o indemnizaciones, en línea con otros supuestos de discriminación laboral.
Esta resolución llega en medio de varios frentes judiciales. En junio de 2024, el juez Joseph dictó una medida cautelar preliminar que retrasó la aplicación del «mandato de ajustes por abortos» para determinados empleadores en Luisiana y Misisipi, y la limitó a los abortos voluntarios. En mayo de 2025, el tribunal anuló la disposición de ajustes por abortos en la norma definitiva de la EEOC por considerarla una extralimitación legal sin autorización clara del Congreso, apelando a la doctrina de las «cuestiones de gran relevancia» dada la significación política y religiosa del aborto tras Dobbs. La anulación se aplicó a los abortos voluntarios no necesarios para tratar afecciones médicas relacionadas con el embarazo, y devolvió la cuestión a la EEOC para su revisión.
Con todo, en julio de 2025 los obispos pidieron ampliar la protección para abarcar los abortos por indicación médica y otros procedimientos, alegando un perjuicio irreparable por la acumulación de responsabilidad jurídica y por la necesidad de certificar el cumplimiento para optar a contratos federales. En agosto, la EEOC mostró extrañeza por la urgencia, pues —según indicó— había aceptado no interpretar la PWFA en el sentido de exigir ajustes objetados por razones religiosas durante las apelaciones. Un auto de 18 de agosto de 2025 dejó en suspenso la solicitud de medida cautelar a la espera de la apelación, al carecer de jurisdicción mientras el caso se ventila ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito.
El nuevo auto judicial amplía las excepciones y bloquea la aplicación frente a la USCCB para todos los procedimientos que entren en conflicto con su doctrina. El panorama refleja posiciones contrapuestas: los obispos subrayan la protección de la libertad religiosa y de sus políticas provida, mientras que la EEOC defiende sus obligaciones legales al amparo del Título VII y de la PWFA y cuestiona la urgencia planteada por los demandantes. Las implicaciones incluyen un alivio temporal para las entidades religiosas, aunque el litigio principal continúa ante el Quinto Circuito en lo relativo al aborto y en un tribunal de distrito respecto a las objeciones a la anticoncepción, la FIV y la gestación subrogada. Si se confirma, el alcance de la PWFA podría verse limitado, con impacto en los derechos laborales de trabajadoras, aunque la EEOC no hizo comentarios de inmediato. Blomberg concluyó que los obispos «están protegidos por ahora», si bien los procedimientos abiertos en varios tribunales apuntan a un proceso prolongado con posibles apelaciones ante instancias superiores.
Con información de InfoCatólica
Deje su Comentario