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El pasado 8 de marzo, se realizaron dos referendos en Irlanda en los que se proponían cambios en la Constitución.
Foto: Jessica Rockowitz en Unplash
Redacción (11/03/2024, Gaudium Press) El pasado 8 de marzo, se realizaron dos referendos en Irlanda en los que se proponían cambios en la Constitución.
El gobierno había propuesto separar la definición de familia de la institución del matrimonio y basarla en cambio en la etérea realidad de “relaciones duraderas”, siguiendo la recomendación de un consejo ciudadano sobre igualdad de género. Además, se quería suprimir un artículo que hacía hincapié en el trabajo doméstico de las madres y, en su lugar, se asignaría la educación y los cuidados a los miembros de la familia en general.
En un claro fallo de los sondeos previos, que indicaban que ganaría el “Sí”, poco después de iniciarse el recuento de votos quedó claro que la mayoría de los irlandeses había votado “No”; en efecto, tras el recuento, en este caso, los votos contrarios al cambio fueron el 74% de los emitidos con lo que las iniciativas quedaron más que negadas, sino verdaderamente aplastadas.
Tras el referendo, Piden la dimisión del ministro de Infancia
“Es la voz del pueblo y en nuestra Constitución es el pueblo quien tiene la soberanía”, declaró a la cadena irlandesa de noticias RTÉ Eamon Ryan, líder del Partido Verde, que forma gobierno en la República junto con Fianna Fáil y Fine Gael. Maurice Quinlivan, diputado del partido opositor Sinn Fein, pidió la dimisión del ministro de Infancia e Integración, Roderic O’Gorman: “Es el fracaso catastrófico de un Gobierno que, en su arrogancia, no ha escuchado a nadie”, dijo Quinlivan.
Peadar Toíbín, de Aontú, el único partido que se había pronunciado contra los referéndums, celebró el resultado y describió el referéndum como una campaña de “David contra Goliat”. “Estos cambios habrían traído importantes problemas», declaró Toíbín.
Críticas al Gobierno
Según el senador independiente y ex Tánaiste (Viceprimer Ministro irlandés) Michael McDowell, el Gobierno ha “juzgado mal el estado de ánimo del electorado”. McDowell ya había criticado duramente de antemano los cambios previstos en la Constitución, en particular la formulación de “relaciones continuas”, que habría constituido la nueva base de la definición jurídica de la familia. Según los “Abogados por el No” en un comunicado, esto habría tenido graves consecuencias para el derecho irlandés de sucesiones, fiscal y de inmigración, entre otras cosas. Junto con la iniciativa “Lawyers for No”, McDowell también cuestionó el enfoque del gobierno en la campaña del referéndum. Por ejemplo, los representantes de los medios de comunicación y los ministros habían difundido la información errónea de que la Constitución afirma que el lugar de la mujer está en casa. El ministro O’Gorman también había presionado a las ONG apoyadas por el Estado.
En la actualidad, la Constitución irlandesa reconoce a la familia como el “primer grupo unitario natural y fundamental de la sociedad” y como “una institución moral poseedora de derechos inalienables e inviolables” que “precede y trasciende cualquier ley”. La Constitución declara además que el Estado se compromete a preservar la institución del matrimonio, «en la que se fundamenta la familia», con especial cuidado y protegiéndola de cualquier ataque.
El matrimonio sigue siendo la piedra angular de la familia
El gobierno había propuesto insertar una media frase para que el Estado reconociera que la familia, “ya esté basada en el matrimonio o en otras relaciones duraderas”, constituye la unidad fundamental de la sociedad; en consecuencia, debería haberse suprimido de la Constitución la frase según la cual el matrimonio es la piedra angular de la familia.
La segunda enmienda se refiere al ámbito de la asistencia. La Constitución irlandesa reconoce actualmente que “al vivir en el hogar, la mujer proporciona al Estado un apoyo sin el cual no puede alcanzarse el bien común”. Por tanto, es deber del Estado procurar que “las madres no se vean obligadas por necesidad económica” a trabajar fuera de casa para poder cumplir con sus “deberes en el hogar”.
Esto se quería suprimir y sustituir por la siguiente redacción: “El Estado reconoce que la prestación de cuidados por parte de familiares, debido a su conexión mutua, proporciona un apoyo al Estado sin el cual no puede alcanzarse el bien común. El Estado se esforzará por apoyar esta prestación”.
Con información de DieTagespost / InfoCatólica
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