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Impone “un modelo de educación único, estatal y laico que pondrá fin a la pluralidad educativa actual”. .
Foto: Unicef
Madrid (01/12/2020 15:36, Gaudium Press) La nueva ley de educación de España, la conocida como ley Celaá, “tiene visos de convertirse en la peor ley educativa de la democracia”, según expresó Jesús Muñoz de Priego, portavoz de Más Plurales, plataforma que organizó la manifestación que el pasado 22 de noviembre se expresó en más de 30 ciudades de España en contra del proyecto de ley.
Proyecto, porque aunque aprobado en la Cámara de Diputados aún le falta su paso por el Congreso.
Peligra la escuela concertada
La Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación, LOMLOE o Ley Celaá (por su impulsadora, la ministra de educación María Isabel Celaá), fue elaborada por el Partido Socialista en el poder y su aliado Podemos, sin consenso con los otros partidos, durante el periodo de alarma por la pandemia, y sin escuchar las opiniones de la comunidad educativa.
Impone, en el parecer de ‘Más Plurales’ “un modelo de educación único, estatal y laico que pondrá fin a la pluralidad educativa actual”.
“Será el Estado” y no los padres de familia “quien decida la educación que han de recibir los hijos”. En el modelo educativo del proyecto de Ley Celaá no hay espacio “para la educación concertada. Miles de colegios cerrarán en los próximos años. Ni para la asignatura de religión, que vuelve a ser postergada. Ni, por supuesto, para la educación especial, la cual pese al clamor de los padres afectados, también desaparecerá”.
La educación concertada es aquella que aunque subvencionada por el Estado es dirigida por entes privados, muchos de ellos de inspiración católica. Para la escuela concertada vigora la ‘demanda social’ esto es, se respeta el derecho de los padres de querer tal colegio para sus hijos. Son muchos los padres que escogen la escuela concertada, por los altos estándares de su educación; todo ello peligra con la Ley Celaá.
Por ello, afirma Más Plurales, el modelo promovido por la Ley Celaá es “fuertemente intervencionista”, al promover “la restricción de derechos y libertades ciudadanas” y atentar “contra la pluralidad de nuestro sistema educativo que es clave en una sociedad democrática”.
No tiene futuro
Como no tiene consenso, no tiene futuro, según Muñoz de Priego.
“Esta concienciación, este debate social, esta presión ciudadana – contra la Ley Celaá – dará sus frutos más pronto que tarde, y si no fuera así, sabrá castigar en las urnas a los grupos que la desoigan”.
“Los grupos políticos saben que hoy día todo está tan equilibrado que un tema concreto te puede hacer ganar o perder unas elecciones, y la defensa de la libertad de enseñanza no se agotará en la tramitación parlamentaria de esta ley, sino que ha venido para quedarse”, declaró Muñoz de Priego a Aciprensa.
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