Bajo presión del gobierno estadounidense, este jueves 5 de septiembre el gobierno de Nicaragua del presidente Daniel Ortega liberó a 135 presos políticos por razones humanitarias. Los prisioneros liberados fueron trasladados a Guatemala.
Redacción (06/09/2024 14:33, Gaudium Press) El gobierno estadounidense logró la liberación de 135 presos políticos en Nicaragua. Esta liberación se debió a la presión humanitaria y la mediación entre Washington y el gobierno del presidente Daniel Ortega. Según el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, entre los liberados se encuentran 13 miembros de la organización Mountain Gateway, con sede en Texas, así como católicos laicos y estudiantes.
“Hoy [jueves], la Administración Biden y Harris logró la liberación de 135 presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua, por razones humanitarias. Nadie debe ser arrestado por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación y práctica de la religión”, afirma el comunicado de prensa firmado por Jake Sullivan, Asesor de Seguridad Nacional.
Tras su liberación, los ex presos fueron trasladados a Guatemala con el acuerdo del gobierno guatemalteco de acoger al grupo, según declaró la Casa Blanca. Las personas liberadas tendrán la oportunidad de buscar formas legales de reconstruir sus vidas en Estados Unidos u otros países. Al llegar a la Ciudad de Guatemala, las 135 personas fueron recibidas por las autoridades locales, así como por representantes de organizaciones que trabajan en apoyo a los migrantes.
Este comunicado se produce pocos días antes de la discusión de un informe sobre Nicaragua, en la apertura de la 57 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el próximo lunes 9 de septiembre. El informe denuncia que la represión en el país se ha agravado en el último año con detenciones arbitrarias y torturas.
De hecho, en los últimos años, el gobierno de Ortega ha detenido y expulsado con frecuencia a personas que considera hostiles a su gobierno. En enero, Nicaragua exilió a 19 miembros del clero católico y los envió al Vaticano. Entre ellos se encontraba el obispo Mons. Rolando Álvarez, que había sido declarado culpable de traición y sentenciado a 26 años de prisión.
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