Menú 
Reciente informe de la investigadora Martha Patricia Molina recuenta 1.010 ataques de la dictadura a la Iglesia. El clero está amordazado, los laicos aterrorizados.
Foto: Gunnar Ridderström / Unplash
Redacción (01/09/2025 09:52, Gaudium Press) Nuevo informe de la abogada e investigadora nicaraguense Martha Patricia Molina, emitido el 27 de agosto pasado, que ratifica y amplia lo que es una verdadera persecución del régimen de Daniel Ortega a la Iglesia en Nicaragua. Sobre sus hallazgos, Molina concedió entrevista a EWTN News.
Por ejemplo, se reporta que desde que inició esta ola persecutoria, tras las protestas civiles de abril del 2018, la dictadura ha prohibido más 16.500 procesiones y actividades religiosas, y ha perpetrado 1.010 ataques contra la Iglesia. Sobre las procesiones prohibidas, Molina asegura que su investigación no pudo cubrir todas las parroquias o capillas, por lo que la cifra es seguramente mayor. “La cifra presentada en el estudio podría ser al menos tres o cuatro veces mayor a la que se registra”, dice. Afirma también que la prohibición de procesiones se ha agravado desde 2022.
Un clero escudriñado con lupa
Los sacerdotes “tienen prohibido presentar denuncias, y si por casualidad algún ataque se reporta en los medios, [la dictadura] simplemente lo niega”, asegura. “Sacerdotes y obispos están constantemente bajo vigilancia. Algunos de ellos son seguidos las 24 horas del día”. “Las reuniones del clero celebradas por obispos y sacerdotes son vigiladas constantemente por la policía, que viene a tomar fotografías y videos de los religiosos asistentes, y [las fuerzas de seguridad del régimen de Ortega] deben estar plenamente informadas de todo lo que se discute en estas reuniones”, expresa Molina.
La dictadura busca controlar, y negar la información que no le conviene. Un ejemplo de esto fue la reciente confiscación del Colegio San José, dirigido por las Hermanas Josefinas en Jinotepe: “Cuando se informó [a la prensa libre extranjera], varias autoridades, incluidas las católicas, dijeron que era falso. Pero dos días después, cuando la dictadora Rosario Murillo anunció la confiscación, ya se sabía que lo que se informaba era cierto”.
Los laicos también tienen temor de realizar cualquier denuncia: “Los laicos tienen miedo de que los miembros del Consejo del Poder Ciudadano y los paramilitares, organizaciones afiliadas a la dictadura, les hagan daño si deciden denunciar”.
Molina reporta que se han cerrado de forma arbitraria “13 universidades y centros educativos o de formación”, y que “lo que hace la dictadura es, primero, prohibir a los estudiantes que permanecieron en el colegio confiscado que retiren su matrícula”, ya que, si lo hacen, “se enfrentarán a algún tipo de represalia”. También, poco a poco estos centros confiscados se van convirtiendo en centros de adoctrinamiento sandinista.
Acerca del seminario de Matagalpa, que fue confiscado en enero de este año, Molina asegura que “esta siendo destruido, desmantelado”.
Ella insta a la comunidad internacional, a no voltear los ojos sobre lo que ocurre en Nicaragua, entre otras razones porque la dictadura “solo prescribe la cárcel, el exilio o el cementerio para quienes exigen derechos humanos”, y estas amenazas tienen amordazado al pueblo.
Con información de CNA
Deje su Comentario