Obispos españoles dicen que nueva ley de educación puede ser inconstitucional

Mons. Luis Argüello, secretario de la Conferencia Episcopal española, habló al respecto.

Redacción (20/11/2020 11:32, Gaudium Press) El día de ayer fue aprobada en el Congreso de los Diputados español, llamada ley Celaá, que reforma la educación en el país.

Este proyecto, que debe seguir su curso en el Senado, fue muy criticado por la oposición que anunció demandas de constitucionalidad contra el mismo.

Habla el portavoz de la Conferencia Episcopal española

Sobre este tema habló Mons. Luis Argüello, secretario de la Conferencia Episcopal española, específicamente sobre la relación de la ley Celaá con el artículo 27 de la Constitución, que trata del derecho a la educación y el derecho a la enseñanza.

El prelado, en rueda de prensa, aseguró que el texto legislativo “fuerza bastante la interpretación del artículo 27”.

Según el portavoz, los obispos llaman al diálogo (una de las críticas que se hacen de la nueva ley es que no se buscó consenso), y a mejorar la ley que salió del Congreso de los Diputados en el Senado o a través de su reglamentación. Eso sí, afirmó, “estamos dispuestos a apoyar cualquier demanda de inconstitucionalidad si la ley tiene estos aspectos anticonstitucionales”.

Escuela concertada y asignatura de religión

Algunos afirman que la gran damnificada de la Ley Celaá es la escuela concertada, buena parte de ellas católicas. Con el nuevo texto regulador de la educación, como lo notició ayer Gaudium Press , las familias perderían el derecho a elegir el centro educativo de sus hijos (muchos padres escogen la escuela concertada), y será el Estado el que regule la admisión en centros públicos y privados concertados.

Mons. Argüello denunció también que el Gobierno no ha respondido a la propuesta de la Conferencia Episcopal de integrar la asignatura de Religión dentro de un ámbito más amplio de valores. Y que el texto aprobado “suprime el valor académico de la evaluación de la asignatura de Religión, y deja a los alumnos que no la cursen sin una formación con contenido escolar”. “No es aceptable la descalificación de esta asignatura o del trabajo de sus profesores como adoctrinamiento”, expresa.

Concluyó diciendo que “no sería aceptable que el Estado pretendiera apropiarse de este protagonismo de la familia y de la sociedad, identificando el carácter público de la enseñanza con su dimensión organizativa de carácter estatal. No solo lo que es de titularidad estatal es público”.

Con información de Alfa y Omega.