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El Parlamento Europeo quiere votar una resolución donde se restrinja el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, por otros “derechos” no consensuados.
Redacción (05/05/2022 10:00, Gaudium Press) Hoy el Parlamento Europeo vota una resolución sobre persecución religiosa en la que se mezclan peras con manzanas.
En efecto, el Parlamento busca que se condene “la violencia de género y la discriminación basadas en justificaciones religiosas; que las mujeres y las personas LGBTIQ+ siguen sufriendo la discriminación y la violencia infligidas en nombre de la religión por agentes tanto estatales como no estatales; que la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR), incluido el aborto, están siendo prohibidos en nombre de la religión por agentes tanto estatales como no estatales”.
El Parlamento está buscando la condena de líderes religiosos en estas circunstancias, pues declara que se deben denunciar:
“… todos los actos de violencia, persecución, coacción y discriminación contra las personas por motivos de género u orientación sexual, o la incitación a ellos, incluso por parte de líderes religiosos o basados en motivaciones religiosas o de creencias; subraya que la defensa de la «tradición» o de la «moral pública» no puede contradecir, en ningún caso, las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos a las que deben adherirse los Estados; destaca, en particular, la discriminación en el empleo, la educación, el acceso a la justicia y a recursos efectivos, la vivienda y la atención sanitaria; expresa su profunda preocupación por el uso indebido y la instrumentalización de las creencias o la religión para imponer políticas discriminatorias, leyes, incluidas las leyes penales, o restricciones que contradicen y socavan los derechos de las personas LGBTIQ, las mujeres y las niñas y restringen el acceso a los servicios básicos, como la educación y la salud, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, criminalizan el aborto en todos los casos, penalizan el adulterio o facilitan las prácticas religiosas que violan los derechos humanos; pide la derogación de las políticas, leyes o restricciones pertinentes que a menudo se traducen en la legislación nacional como restricciones seculares”.
Respuesta de la Iglesia
Ante esta propuesta de resolución se ha posicionado la Comisión de las Conferencias episcopales de la Unión Europea (COMECE), por boca de su Secretario General, el P. Manuel Barrios Prieto:
“El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como el derecho inherente a la vida, son derechos humanos fundamentales reconocidos en el derecho internacional. Están por encima del consenso político, ya que su fuente directa es la dignidad humana inalienable de todo ser humano. Es responsabilidad y deber de las autoridades políticas, incluido el Parlamento Europeo, protegerlos, defenderlos y promoverlos en todo el mundo, así como todos los demás derechos humanos reconocidos internacionalmente y arraigados en la dignidad humana establecida en la Carta Internacional de Derechos Humanos.
“Cualquier intento de socavar el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y el derecho a la vida mediante interpretaciones abusivas que restrinjan indebidamente su alcance legítimo o de someterlos a «supuestos derechos humanos» de nueva creación y no consensuados, incluido el aborto, constituye una grave violación del derecho internacional que desacredita a la Unión Europea ante la comunidad internacional y ante millones de ciudadanos europeos.
“Cualquier tratamiento de estos derechos humanos como derechos de segunda clase contradice la Declaración y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993, que insta a la comunidad internacional a considerar todos los derechos humanos ‘de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y con el mismo énfasis’.
“Además, esta propuesta de resolución, en su redacción actual, no servirá de ayuda a millones de creyentes religiosos que son víctimas de persecución a causa de su fe, en particular a las mujeres y niñas vulnerables, ya que su situación quedará oscurecida e invisibilizada al priorizar otros intereses políticos”, concluye COMECE.
Con información de Infocatolica
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