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Más de 1.000 ataques documentados desde 2018 evidencian un plan de aniquilamiento de la fe católica en el país centroamericano.
Catedral de Matagalpa
Redacción (30/01/2026 09:46, Gaudium Press) Parece una eternidad, desde cuando un sector no menor del clero de Nicaragua creyó en ciertas promesas del sandinismo, en su regreso al poder en el 2007. No pasarían sino 10 años, ya con un Ortega enquistado en el poder, que iniciaría una persecución anticatólica sin precedentes en el país centroamericano.
El séptimo informe “Nicaragua: una Iglesia perseguida”, elaborado por la abogada Martha Patricia Molina y publicado en septiembre del año pasado, documenta 1.010 ataques directos contra la Iglesia Católica desde abril de 2018, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició una campaña sistemática de hostigamiento tras el apoyo eclesial a las protestas pacíficas contra la reforma a la seguridad social.
La estrategia represiva del régimen sandinista se ha refinado con el tiempo, pasando de la violencia abierta a métodos más sutiles pero igualmente devastadores. En 2025, aunque las cifras de agresiones reportadas descendieron a 32 casos —comparadas con el pico de 321 en 2023— la realidad refleja no una mejora sino el sometimiento total de la Iglesia. Los clérigos han sido silenciados bajo amenaza: “el que habla va preso y desterrado”, según testimonios recogidos en el informe.
Iglesia amordazada y vigilada
Más del 95% de los aproximadamente 500 sacerdotes que permanecen en Nicaragua son objeto de seguimiento diario por parte de agentes estatales. La Policía Nacional revisa sistemáticamente los teléfonos celulares de los religiosos para monitorear sus comunicaciones, mientras que desde los ayuntamientos se exige a los párrocos informes semanales detallados de todas sus actividades. Las homilías dominicales deben ser “totalmente teológicas”, prohibiéndose cualquier referencia a la realidad social del país.
Esta vigilancia meticulosa se traduce, según la investigadora Molina, en aproximadamente 425 agresiones diarias que no pueden ser denunciadas y que, por tanto, permanecen invisibles en las estadísticas oficiales. La dictadura ha instaurado además una red de paramilitares juramentados cuya función específica es intimidar, denunciar y amedrentar a fieles y clérigos.
Confiscaciones, exilios: desmantelamiento sistemático
Entre los hechos más recientes de esta persecución destaca el allanamiento, el 29 de enero de 2025, de la Clínica Nazareth en San Rafael del Norte, Jinotega, perteneciente a la orden franciscana. Esta institución, parte del legado del siervo de Dios Fray Odorico D’Andrea —cuya causa de beatificación se encuentra en el Vaticano—, brindaba servicios médicos especializados en odontología, ginecología, medicina interna, psicología y otras áreas a comunidades sin recursos, organizando hasta diez brigadas médicas internacionales al año.
Días antes, el 24 de enero, la policía sandinista había confiscado las instalaciones de la Fundación Odorico D’Andrea, dedicada a proyectos sociales y de desarrollo, junto con vehículos y equipamiento. También fue tomado el Templete Divina Providencia, sitio de peregrinación donde multitudes recordaban al fraile franciscano.
Catedral de Granada, Nicaragua
El mismo mes de enero fue testigo de la expulsión forzada de más de 30 monjas clarisas, obligadas a abandonar sus monasterios en Managua, Matagalpa y Chinandega en lo que fue calificado como una “noche de terror”: las monjitas que rezan encerradas incomodaban a Ortega y su peculiar cónyugue. Previamente, en 2024, el régimen había confiscado el Seminario Mayor de Filosofía San Luis Gonzaga y el Centro Diocesano de Pastoral La Cartuja en Matagalpa, diócesis del obispo Rolando Álvarez, exiliado desde enero de 2024, y objeto de las peores persecuciones del régimen.
El balance de la persecución: cifras de sangre
Según el informe de Molina, 266 religiosos han sido expulsados, desterrados o exiliados desde 2018, con los años 2023 y 2024 registrando las mayores expulsiones: 63 y 64 respectivamente. Entre los casos más emblemáticos se encuentran los obispos Rolando Álvarez, Silvio Báez y Carlos Enrique Herrera.
La represión contra las manifestaciones públicas de fe ha sido igualmente brutal. Desde 2019, el régimen ha prohibido o reprimido 16.564 procesiones religiosas, incluidas 11.763 procesiones tradicionales y 4.800 solo en 2024. Las procesiones de Semana Santa, las peregrinaciones y los viacrucis al aire libre están completamente vetados, convirtiendo a Nicaragua en el único país de tradición católica en el mundo donde estas expresiones de fe están prohibidas.
Para la Semana Santa de 2025 el gobierno anunció despliegue de 14.000 policías y más de 2.000 patrullas “para garantizar las fiestas turísticas”.
Un proyecto de aniquilamiento espiritual
Lo que está ocurriendo en Nicaragua trasciende la mera represión política. El régimen Ortega-Murillo ha emprendido un proyecto de ingeniería social que busca, en palabras de Martha Patricia Molina, “aniquilar por completo la fe del pueblo católico» y destruir «la comunión que hay entre la Iglesia Católica y el Vaticano”.
Esta persecución sistemática recuerda los métodos empleados por regímenes totalitarios del siglo XX contra las comunidades de fe. La diferencia radica en que Nicaragua es un país de mayoría católica (50%) y evangélica (33%), donde paradójicamente el propio Ortega dice profesar la fe católica. Esta contradicción revela la naturaleza profundamente ideológica de la persecución: la Iglesia es vista como obstáculo para el control absoluto que la pareja presidencial pretende ejercer sobre todos los sectores de la sociedad.
La prohibición de procesiones —más de 16.000 en siete años— no es solo un ataque a la libertad religiosa sino un intento de impedir la expresión visible de la fe católica en el espacio público.
La estrategia actual del régimen es particularmente perversa: mantener las estructuras eclesiales formales mientras las vacía de contenido profético y las convierte en instrumentos de control. Los colegios católicos que aún funcionan están “extorsionados por la dictadura sandinista” y obligados a «asistir y ejecutar actividades que son propias de las instituciones del Estado», según documenta el informe de Molina.
Esta Iglesia amordazada, vigilada y diezmada, sin embargo, no ha sido vencida. El hecho de que el 95% de los sacerdotes permanezcan en Nicaragua a pesar del terror, que las parroquias busquen “otras soluciones” celebrando procesiones al interior de las iglesias, y que los fieles continúen congregándose pese a la intimidación, demuestra la resiliencia de una fe que el régimen no ha logrado extinguir.
Como afirmó María, una cristiana nicaragüense cuyo testimonio recoge Open Doors: “Este año, volvieron a negar el estatus legal de mi iglesia, pero, aprobado o no, seguimos predicando la palabra de Dios”. Es este testimonio silencioso pero persistente el que constituye la verdadera resistencia de la Iglesia en Nicaragua.
¿Y la comunidad internacional? A pesar de que las condenas no faltan, parecería que el propio foro internacional se hubiera resignado a la situación del país. Es claro que la reciente intervención de los EE.UU. en Venezuela ha renovado las esperanzas de que, aunque sea por temor, se alivie en algo la cruel persecución en Nicaragua.
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