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Mientras continúan las repercusiones por la confiscación y estatización de la Universidad Centroamericana (UCA), fue cancelada visa a un centenar de funcionarios.
Redacción (22/08/2023, Gaudium Press) Mientras continúan las repercusiones por la confiscación y estatización de la Universidad Centroamericana (UCA) y el allanamiento el sábado de la residencia que habitaban los jesuitas a cargo de este centro de estudios, se conocen detalles de las medidas tomadas por el Departamente de Estado de los Estados Unidos contra un centenar de funcionarios municipales de Nicaragua, a los que se acusa de “reprimir a organizaciones de la sociedad civil, cerrar espacios cívicos como la Universidad Centroamericana (UCA) y detener injustamente a personas valientes que apoyan una sociedad civil libre, incluyendo al obispo Rolando Álvarez”.
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Antony Blinken, secretario de Estado, aseguró que esos funcionarios y sus habilitadores “permitieron o facilitaron campañas violentas, detenciones injustas y restricciones a los derechos humanos y a libertades fundamentales”. No fue dada a conocer la lista de las personas que a las que se les canceló la visa.
Blinken aseguró que seguirá trabajando con la comunidad internacional para que “quienes amenazan la democracia en Nicaragua” rindan cuentas.
Informa Vatican News que tras cumplirse un año de la detención arbitraria del Obispo de Matagalpa por parte de la policía orteguista, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe Inglés (OACNUDH) han exigido al Gobierno de Nicaragua la liberación inmediata del Prelado.
Entre otras violaciones a los derechos del Obispo, estos organismos apuntan “la falta de acceso a la atención médica y a medicamentos esenciales, la incomunicación desde que se encuentra en el sistema penitenciario La Modelo y la limitación de las visitas de sus familiares”.
Asimismo expresan que la detención ocurrida en la curia de Matagalpa el 19 de agosto de 2022 “fue efectuada por la Policía de forma violenta, y sin orden judicial, y fue puesto en condición de arresto domiciliar”.
Acerca de la única visita familiar que le han permitido el Obispo, la CIDH y la OACNUDH expresan que el 25 de marzo, “recibió la única visita de sus familiares, donde se evidenció públicamente el deterioro de su salud y las condiciones carcelarias inhumanas en las que se encuentra”.
Ampliando su análisis, de la situación de Mons. Álvarez a la de toda la Iglesia, la CIDH y la OACNUDH afirman que que desde 2022 han documentado el aumento de la persecución contra la Iglesia en Nicaragua “por hechos consistentes en la detención arbitraria, encarcelamiento y expulsión del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar el debido proceso, así como la expropiación de sus bienes sin derecho a la interposición de recursos administrativos o judiciales, en contravención de las normas internacionales que protegen la libertad religiosa y la no discriminación por motivos de religión”.
Con información de Voz de América
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