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El príncipe se negó a firmar el proyecto de ley sobre el aborto aprobado por el Parlamento, preservando una de las leyes pro vida más estrictas de Europa.
Príncipe Alberto II de Mónaco. Foto: www.palais.mc
Redacción (24/11/2025 12:44, Gaudium Press) El Príncipe Alberto II vetó un proyecto de ley que habría legalizado el aborto a petición hasta las 12 semanas de embarazo en el Principado de Mónaco, deteniendo de forma significativa una de las banderas en boga en los últimos años.
En una entrevista publicada el sábado por Monaco-Matin, el Príncipe Soberano confirmó que ordenó al gobierno no promulgar la legislación aprobada por el Consejo Nacional en mayo por 19 votos a favor y 2 en contra.
“Creo que el sistema actual refleja quiénes somos”, declaró el Príncipe Alberto, resaltando el “papel de la religión católica en nuestro país” y brindando “apoyo seguro y humano” a las mujeres en situaciones difíciles.
La decisión mantiene intacto el marco altamente restrictivo al aborto en Mónaco, descrito a menudo como uno de los más protectores de la vida de los no nacidos en Europa. Desde una ley de 2009, el aborto solo se permite en casos de violación, peligro grave para la vida de la madre o malformación fetal grave.
Una enmienda de 2019 despenalizó el procedimiento para las mujeres monegascas que viajan al extranjero, principalmente a la vecina Francia, eliminando así la amenaza de enjuiciamiento al regresar.
El proyecto de ley vetado, presentado en marzo de 2025, habría autorizado la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas (o 16 semanas en casos de violación) y reducido la edad para eludir el consentimiento parental de 18 a 15 años.
Hace dos semanas, el ministro de Estado, Christophe Mirmand, notificó formalmente al presidente del Consejo Nacional, Thomas Brezzo, que el gobierno, siguiendo instrucciones del Príncipe, no procedería a su promulgación.
Según la Constitución de Mónaco de 1962, las leyes requieren la firma del Soberano para entrar en vigor; a diferencia de las democracias parlamentarias modernas, el Príncipe conserva un veto absoluto en materia legislativa.
No se desconoce la carga emocional del tema
El Príncipe Alberto reconoció la carga emocional del asunto, declarando: “Comprendo lo delicado que es este tema y la emoción que puede suscitar”. Argumentó que las reformas promulgadas en 2009 y 2019 ya lograron “un marco equilibrado que respeta los principios constitucionales de Mónaco, su identidad cultural y a las mujeres afectadas”.
La Constitución reconoce explícitamente a la Iglesia Católica como religión del Estado, una condición que el Príncipe citó como fundamental para su decisión. “Esto confirma el lugar que ocupa la religión católica en nuestro país”, declaró.
Mónaco se erige ahora como un ejemplo contemporáneo de un monarca europeo que impidió directamente la liberalización de las leyes sobre el aborto. Existen paralelismos históricos: en 1990, el rey Balduino de Bélgica abdicó durante 36 horas para evitar firmar una ley sobre el aborto; en 2008, el gran duque Enrique de Luxemburgo se negó a sancionar una ley de eutanasia, lo que provocó una reforma constitucional que despojó al monarca de la facultad de “sancionar” legislación. El príncipe Hans-Adam II de Liechtenstein se ha comprometido repetidamente a vetar cualquier referéndum que legalice el aborto.
En Mónaco no se intentó ninguna solución constitucional similar. La negativa del príncipe marca la primera vez en la historia moderna monegasca que se ejerce la prerrogativa real para bloquear un proyecto de ley que niega la vida a los no nacidos, en boga en otros países, aprobado por el Consejo Nacional electo.
Los defensores de los derechos de las mujeres expresaron su decepción, pero no llegaron a exigir una reforma constitucional, destacando la singular cultura política del Principado y la amplia deferencia pública hacia la dinastía Grimaldi. Las organizaciones Pro Vida, por su parte, celebraron la decisión como una defensa de principios de la identidad de Mónaco.
A pesar de la drástica liberalización de las leyes europeas sobre el aborto en las últimas tres décadas, este pequeño estado de 39.000 habitantes —donde la catedral católica sirve de sepultura a antiguos soberanos, incluida la princesa Grace— sigue siendo una notable excepción, ya que su ordenamiento jurídico aún refleja los valores consagrados cuando el príncipe Rainiero III promulgó la Constitución vigente hace más de seis décadas.
Raju Hasmukh con información de Catholic Herald. Traducido, con adaptaciones, por Gaudium Press.
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