Fiscal General de Nueva York, por detrás de supresión de libertad de expresión contra Grupo ProVida

Activistas Pro-Vida denuncian a la Fiscal General Letitia James por intimidación y supresión de la libertad de expresión.

Redacción (22/06/2023 14:53, Gaudium Press) Activistas Pro-Vida denuncian a la Fiscal General Letitia James por intimidación y supresión de la libertad de expresión, después de que ella demandó a un grupo pro-vida y solicitó a la Corte prohibir a sus miembros estar a menos de 10 metros de una clínica de aborto.

En la demanda entablada el 8 de junio de 2023 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos por el Distrito Sur de Nueva York, los activistas pro-vida conocidos como Red Rose Rescue están siendo defendidos por abogados de la Thomas More Society. Ellos enfrentan cargos presentados por la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, quien alega violaciones a la Ley de Libertad de Acceso a Entradas de Clínicas (FACE). Los defensores sostienen que sus acciones están protegidas por la Primera Enmienda, pues están ejerciendo su derecho a hablar contra el aborto.

La demanda afirma que la protesta pacífica conducida por el Padre Fidelis (Christopher) Moscinski, por Matthew Connolly, William Goodman, Laura Gies, John Hinshaw y otros en instalaciones abortivas, no violaron la Ley FACE o la Ley de Acceso a Clínicas de Nueva York. De acuerdo con el asesor Jurídico de la Thomas More Society, Christopher Ferrara, estas leyes están destinadas a prevenir el uso de la fuerza, amenazas de fuerza u obstrucción física que impidan el acceso a instalaciones abortivas. Los activistas aseveran que ellos estuvieron protestando pacíficamente, con mujeres que ya habían tenido acceso a las instalaciones y estaban en las salas de espera, para intentar persuadirlas de no llevar a cabo el procedimiento abortivo.

El Consejero Jurídico de la Thomas More Society, Stephen Crampton, describe los cargos como un exceso, afirmando que las protestas pacíficas en clínicas de aborto no deben ser consideradas como violaciones de leyes que tienen la intención de impedir amenazas y obstrucción.

Los activistas en este caso, de acuerdo con Crampton, han participado en actos silenciosos y no violentos de protesta en salas de espera de clínicas de aborto, ofreciendo rosas a las mujeres que piensan abortar, y entregando literatura sobre alternativas diferentes al aborto. Crampton sostiene que estos activistas están ofreciendo apoyo a las mujeres que puedan estar en una situación de angustia, dándoles una oportunidad de reconsiderar su decisión.

La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, tiene una historial de hacer acusaciones contra activistas pro-vida, como se vio en casos previos que involucraron a una iglesia de Brooklyn. Crampton critica a James por seguir buscando condenas basadas en supuestas amenazas y violencia hacia clientes y proveedores de abortos, a pesar de la falta de evidencia y ejemplos de falso testimonio en casos previos.

Mientras Crampton advierte que la presente demanda contra el Padre Moscinski y otros puede parecer sin sentido, él ve una oportunidad para desafiar una aplicación más amplia de la Ley FACE y su equivalente en Nueva York, con vistas a proteger una actividad constitucionalmente tutelada.

Ferrara reitera el compromiso de la Thomas More Society en defender decididamente a los activistas pro-vida contra lo que ellos consideran un abuso de la Ley FACE y de la Ley de Acceso a Clínicas de Nueva York. (Raju Hasmukh con información de la Thomas More Society)