Cuando Nueva York fue vencido por las religiosas: la libertad de conciencia ante el suicidio asistido

Una coalición de comunidades religiosas católicas del estado de Nueva York logró recientemente una victoria significativa en tribunales federales.

Foto: Micheile Henderson / Unplash

Redacción (04/08/2026 07:39, Gaudium Press) Una coalición de comunidades religiosas católicas del estado de Nueva York logró recientemente una victoria significativa en tribunales federales: el gobierno estatal aceptó que no las obligará a tomar parte, de ninguna manera, en el inminente régimen de suicidio asistido que entrará en vigor mañana 5 de agosto.

La causa había sido presentada a comienzos de julio por cuatro congregaciones religiosas, entre ellas las Hermanas Carmelitas para los Ancianos y Enfermos y las Hermanas Dominicas de Hawthorne, dedicadas al cuidado de enfermos terminales. El 30 de julio, la jueza federal Anne Nardacci firmó una orden de consentimiento que impide a las autoridades exigir a estas religiosas su participación en el proceso mientras el litigio de fondo continúa su curso. La representación legal estuvo a cargo del Fondo Becket para la Libertad Religiosa, junto con el obispo de Rockville Centre, Mons. John Barres.

Las protagonistas de esta historia son mujeres que han consagrado su vida al acompañamiento de los más frágiles. La madre Mary Rose Heery, priora general de las Carmelitas, lo resumió con una imagen que vale la pena detenerse a considerar: las familias les confían a sus seres queridos, y ellas se sienten “agradecidas de poder seguir honrando esa confianza y permanecer al lado de cada residente hasta el final”. Es, en el fondo, la definición misma de lo que significa cuidar: no abandonar, no acelerar el desenlace, sino permanecer, acompañar.

En la misma línea se pronunció la madre Marie Edward, superiora de las Dominicas de Hawthorne, quien explicó que la derrota del estado les permite proseguir su labor entre los más necesitados de atención.

Monseñor Barres calificó el acuerdo como un primer paso hacia la protección de la libertad religiosa en el estado, y fue categórico sobre lo que está en juego: el Estado no tiene autoridad para forzar a la Iglesia a responder al dolor humano con la muerte, ni a retirar su presencia de quienes más necesitan compañía en sus últimos días.

Una ley que los propios obispos calificaron de mal moral grave

Conviene recordar el contexto. Desde diciembre de 2025, el episcopado católico de Nueva York ha señalado que esta legislación constituye un abandono del Estado hacia sus ciudadanos más vulnerables, y ha denunciado el mensaje de fondo que transmite: que a las personas enfermas o con discapacidad se les dice, en la práctica, que su muerte no solo es tolerada, sino promovida por quienes las gobiernan.

No se trata de una preocupación exclusivamente católica. A esta demanda se sumó, meses atrás, otra interpuesta por defensores de los derechos de las personas con discapacidad, que argumentaba que la ley neoyorquina no exige a los médicos evaluar el estado psiquiátrico del paciente antes de facilitarle la muerte, lo que abre la puerta a que personas sin enfermedad terminal —pero sí en crisis emocional o psicológica— terminen acogiéndose al suicidio asistido. Esa demanda, sin embargo, fue desestimada por un juez federal el mismo 30 de julio.

Con esta ley, Nueva York se convirtió en febrero en el decimotercer estado norteamericano en permitir que los médicos se conviertan en agentes activos cuando sus pacientes quieren morir.

La lección que deja Canadá

Ninguna reflexión sobre este tema puede pasar por alto lo ocurrido al norte de la frontera de los EE.UU. Canadá legalizó el suicidio asistido a nivel nacional hace una década, y en ese lapso cerca de 100.000 personas han muerto bajo ese programa. La cifra no es un dato estadístico neutro: es el mapa de una sociedad que, en lugar de invertir en cuidados paliativos y acompañamiento, ofreció la muerte como respuesta institucional al sufrimiento.

Ese es, precisamente, el punto que distintas voces católicas han insistido en subrayar en los últimos meses, incluyendo el propio primer ministro británico, quien recientemente pidió priorizar los cuidados paliativos antes que el suicidio asistido, reconociendo que buena parte del problema nace de sistemas de salud y asistencia social que fallan en sostener a los enfermos, no de una supuesta falta de “opciones para morir”.

Lo que está realmente en disputa

Cuando el Estado avanza hacia la normalización del suicidio asistido, no solo amplía una “opción” individual: transforma silenciosamente la manera en que toda la sociedad entiende el sufrimiento, la vejez, la enfermedad y la dependencia. Por eso la resistencia de estas religiosas —y de los obispos que las respaldan— no debe leerse como un capítulo aislado de un litigio estadounidense.

Con información de ACI Prensa/EWTN News.