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Las declaraciones del arzobispo Paul Richard Gallagher reavivan el debate sobre la eficacia de la diplomacia vaticana ante las injerencias del régimen comunista en el nombramiento de obispos y las restricciones a la libertad religiosa.
Foto: chinacatholic.cn
Redacción (30/10/2026 09:29, Gaudium Press) El secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, el arzobispo Paul Richard Gallagher, reconoció públicamente que el controvertido acuerdo entre el Vaticano y China presenta fallos evidentes, pero defendió su continuidad, argumentando que el entendimiento representa un avance con respecto a la situación anterior a 2018.
Las declaraciones se produjeron durante un encuentro con periodistas en Roma, el pasado martes (27), y fueron difundidas por la agencia Reuters y por el periodista Michael Haynes, de The Catholic Herald.
“No es fácil, el diálogo no es fácil. Las imperfecciones del acuerdo son evidentes, pero existe el compromiso de perseverar en el diálogo”, afirmó Gallagher, reafirmando la intención de la Santa Sede de mantener esta orientación.
Esta manifestación resulta significativa al provenir de uno de los principales responsables de la diplomacia vaticana, en medio de críticas sobre la capacidad del acuerdo para garantizar la autonomía de la Iglesia Católica frente a las autoridades chinas.
Un acuerdo rodeado de secretismo y controversias
Firmado de manera provisional en septiembre de 2018, durante el pontificado de Francisco, el acuerdo sino-vaticano buscaba solucionar un problema histórico: el nombramiento de obispos por parte del gobierno chino sin autorización pontificia, en paralelo a la existencia de comunidades católicas clandestinas fieles a Roma. El acuerdo contempla la participación de las autoridades chinas en el proceso de elección de los obispos, pero reserva formalmente al Papa la decisión final sobre los nombramientos. Sin embargo, su contenido íntegro nunca ha sido divulgado, lo que dificulta una evaluación independiente de sus cláusulas y de los compromisos asumidos por ambas partes.
Renovado en 2020 y 2022, el acuerdo fue prorrogado por cuatro años en 2024. Sus defensores argumentan que ha permitido reducir las divisiones entre los católicos vinculados a las estructuras reconocidas por el gobierno y aquellos que pertenecen a la llamada Iglesia clandestina. La posibilidad de contar con obispos reconocidos tanto por Roma como por las autoridades civiles se considera un beneficio pastoral para los fieles.
Los críticos, por su parte, cuestionan el precio de estas concesiones, especialmente ante la política de control estatal sobre las religiones promovida por el Partido Comunista Chino.
Pekín ya ha tomado decisiones episcopales sin la autorización previa de Roma.
Las dificultades mencionadas por Gallagher no son meramente teóricas.
En noviembre de 2022, las autoridades chinas llevaron a cabo, de forma unilateral, la instalación de un obispo auxiliar en la región de Jiangxi, cuya configuración diocesana no era reconocida por la Santa Sede.
En abril de 2023, otro episodio generó polémica: el traslado de monseñor Joseph Shen Bin a la diócesis de Shanghái también se produjo sin la autorización previa del Vaticano. Posteriormente, el Papa Francisco regularizó la situación al reconocer el nombramiento.
Estos casos alimentan dudas sobre la eficacia de los mecanismos destinados a garantizar la participación de la Santa Sede en las decisiones episcopales.
Aunque se han producido nuevos nombramientos episcopales durante el pontificado de León XIV, persisten las preocupaciones en torno a la libertad de las comunidades católicas no registradas y a las restricciones impuestas a la formación religiosa. De hecho, sectores de la diplomacia vaticana consideran necesario aclarar los procedimientos relativos a los nombramientos, reafirmar la competencia exclusiva del Papa y ampliar la transparencia del acuerdo.
La Iglesia clandestina sigue siendo el principal desafío
Uno de los aspectos más delicados del acercamiento diplomático concierne a los católicos chinos que, durante décadas, sufrieron persecuciones y restricciones para preservar su fidelidad a la autoridad pontificia. Estas comunidades enfrentan ahora el desafío de convivir con estructuras eclesiásticas reconocidas oficialmente por el Estado, en circunstancias en las que la autonomía religiosa permanece limitada.
La situación del obispo Peter Shao Zhumin, de Wenzhou —quien ha sido detenido en varias ocasiones bajo la presión de las autoridades chinas—, ejemplifica las dificultades que enfrentan los pastores que no aceptan plenamente los mecanismos estatales de control religioso. También son motivo de preocupación las restricciones a la participación de menores en actividades religiosas, los obstáculos a la educación católica y las exigencias de sumisión de las instituciones religiosas a las directrices políticas chinas.
¿Hasta dónde puede llegar la diplomacia del diálogo?
El reconocimiento, por parte de Gallagher, de las imperfecciones del acuerdo plantea de nuevo una cuestión fundamental: ¿hasta qué punto puede considerarse exitosa la diplomacia entre la Santa Sede y un gobierno que sigue restringiendo la libertad religiosa?
Desde el punto de vista del Vaticano, mantener los canales de comunicación con Pekín puede entenderse como una estrategia a largo plazo. La ruptura del diálogo podría reducir aún más la capacidad de Roma para intervenir en la elección de los obispos y para hacer un seguimiento de la situación de las comunidades católicas.
Además, es necesario considerar los posibles beneficios pastorales de los nombramientos reconocidos tanto por el gobierno chino como por la Santa Sede. Estos avances, sin embargo, no eliminan las contradicciones del acuerdo.
Si el acuerdo fue concebido para garantizar la autoridad del Papa sobre el nombramiento de los obispos, los episodios en los que Pekín actuó de forma unilateral ponen en duda la eficacia de sus garantías fundamentales. La regularización posterior de decisiones tomadas unilateralmente por el gobierno comunista podría sentar un precedente en el que Roma termine aceptando situaciones impuestas en nombre de la estabilidad pastoral.
Existe también una dimensión moral: para los católicos que soportaron décadas de persecución debido a su fidelidad al Papa, un acercamiento diplomático puede generar frustración si no se traduce en una mayor libertad para la Iglesia. El desafío, por tanto, será encontrar un equilibrio.
La transparencia también será decisiva. Mientras el contenido íntegro del acuerdo permanezca confidencial, resultará difícil determinar si las dificultades se deben a violaciones por parte de Pekín, a ambigüedades en las cláusulas o a las propias limitaciones de la estrategia adoptada.
Las declaraciones de Gallagher demuestran que la Santa Sede es consciente de los problemas. No obstante, reconocer las imperfecciones no equivale a demostrar que se estén corrigiendo.
Casi ocho años después de su firma, la eficacia del acuerdo debe evaluarse no solo por la continuidad del diálogo, sino también por sus resultados concretos: la libertad para evangelizar, formar sacerdotes, educar a los niños en la fe y permanecer en plena comunión con el sucesor de Pedro. Queda por ver si la perseverancia defendida por Gallagher producirá esas garantías o si seguirá exigiendo concesiones cuyos beneficios para la Iglesia en China permanecen inciertos.
Por Rafael Ribeiro
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