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Florianópolis (Martes, 03-11-2009, Gaudium Press) Después de la divulgación de imágenes el pasado domingo 1, que revelaron a algunos presos siendo golpeados por agentes penitenciarios en el Complejo Penitenciario San Pedro de Alcántara y en el Presidio de Tijucas, en el estado brasileño de Santa Catarina, la Pastoral Carcelaria de la Regional Sur 4 (Santa Catarina) emitió una nota de repudio e indignación por los hechos mostrados, informó la CNBB. El video fue grabado durante una operación de transferencia de presos en el 2008.
El coordinador de la Pastoral Carcelaria de la Regional, padre Célio Ribeiro, quien firma la nota, describe las imágenes como escenas «absurdas de tortura».
«¿Cómo quedan los gritos de madres, movimientos sociales y de la Pastoral Carcelaria, que vivencian la superpoblación y toda especie de inhumanidades en las prisiones catarinenses? Sabemos que no son la falta de informes sobre el sistema y otras denuncias de maltratos, ya que la Comisión Parlamentaria de Investigación del Sistema Penitenciario relató y la Pastoral Carcelaria envió al propio secretario de seguridad pública un informe sobre el sistema.»
Según la nota, la Pastoral Carcelaria de Santa Catarina pide justicia y que las puniciones no se limiten apenas a los agentes de prisión, sino también a los responsables por la administración de los presidios. «Si no hay competencia, que los responsables, por una cuestión ética, sean inmediatamente alejados y responsabilizados».
El vídeo movilizó a autoridades policiales y al Poder Judicial del Estado. Representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), en Santa Catarina, consideraron «enfermedades» las acciones de los presos siendo torturados por los policías.
El gobernador de Santa Catarina, Luís Henrique da Silveira, habló sobre el video infraganti de la tortura en San Pedro de Alcántara y señaló que tal práctica merece la «punición más rigurosa posible».
La Secretaría de Justicia del Estado informó que un agente de prisión fue alejado por determinación del gobernador. Según la secretaría, la investigación debe concluir en 30 días.
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