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Asunción (Lunes, 09-11-2009, Gaudium Press) Obispos de distintas diócesis de Paraguay se reunieron la semana pasada en la sede de la Conferencia Episcopal de Paraguay (CEP) en la Asamblea Plenaria Ordinaria número 186. El colegiado analizó la realidad nacional y eclesial, escuchó informes, recibió visitas de algunas autoridades, y evaluó y aprobó el calendario Caacupé 2009 y el calendario de la CEP 2010.
Los obispos analizaron la realidad nacional y el compromiso que tiene la Iglesia. En ese sentido -y según una encuesta-, mencionaron que la misma sigue siendo la institución más confiable del Paraguay. «Urge trabajar y construir la gobernabilidad desde la acción y desde el discurso», subrayó Mons. Adalberto Martínez, vocero de los obispos.
Los obispos emitieron una carta pastoral y una exhortación a la ciudadanía cuyo texto exponemos:
Conclusiones
Al final de nuestra Asamblea Plenaria Ordinaria ofrecemos a la ciudadanía un breve pensamiento sobre nuestra reflexión en torno a la realidad nacional realizada en el primer día de la semana.
1. El Paraguay está viviendo un momento de realidades complejas, y muchas veces conflictivas, que afectan a la ciudadanía que clama por una mayor seguridad política y social y, consecuentemente, por una paz como fruto de la justicia.
2. Durante todo este tiempo de un nuevo periodo constitucional, constatamos que las expectativas ciudadanas superaron ampliamente a las posibilidades de realizar las transformaciones profundas que nuestra sociedad necesita. Aún quedan muchos desafíos a los que sólo se podrá responder si hay una visión y un esfuerzo compartidos por todos los sectores sociales, económicos, políticos y culturales del país.
3. Un clamor del pueblo se dirige hacia la dirigencia política: que sus mandatarios trabajen por el bien común de la sociedad, con responsabilidad, sabiduría y prudencia.
4. El país necesita imperiosamente que se atiendan con urgencia las demandas sociales y económicas de amplios sectores de la sociedad que viven en la extrema pobreza, hiriendo gravemente su dignidad de persona humana, imagen y semejanza de Dios.
5. Según Doctrina Social de la Iglesia, nada justifica cualquier tipo de violencia. La vida y la libertad de las personas son valores innegociables y están por encima de cualquier otra consideración de índole ideológica, política o económica. El secuestro de personas no se puede admitir por ninguna razón. No se puede vivir en un permanente estado de zozobra, incertidumbre e inseguridad. Todo secuestro es abominable ante los ojos de Dios y de los hombres.
6. Los poderes públicos y los organismos de seguridad deben garantizar la convivencia pacífica, con medidas oportunas de corto, mediano y largo plazo. Y todos los sectores ciudadanos deben poner su empeño para colaborar en la construcción de una sociedad más justa y fraterna. Ante la situación de continuos desalojos de campesinos e indígenas y las invasiones de propiedades confiablemente documentadas, la violación de los derechos humanos, especialmente de los más vulnerables, reclamamos una atención permanente y justa para solucionarlos y poner en vigencia el Bien Común.
7. Como Iglesia Católica, interpelamos a la dirigencia político-social del país para que actúe con responsabilidad, con sentido de sano patriotismo, y que asuma el firme compromiso de mantener un permanente diálogo para llegar al consenso y la concertación, a fin de construir las bases de una sociedad justa, sin violencia para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Esto será ya un importante aporte para preparar la celebración del Bicentenario de la Independencia Nacional.
Invocamos la protección de la Madre de Dios, la Reina de la Paz sobre todos los habitantes de nuestro suelo patrio.
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