jueves, 25 de abril de 2024
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Arzobispo de Los Ángeles celebra la limitación de la Ley de Arizona

Phoenix (Viernes, 30-07-2010, Gaudium Press) El miércoles, horas antes que la ley que endurece las reglas para inmigrantes ilegales en el Estado norteamericano de Arizona entrara en vigor, una decisión de la Justicia Federal de los Estados Unidos bloqueó partes de estas nuevas reglas. A través de un interdicto, la jueza Susan Bolton suspendió los trechos de la ley SB 1070 considerados más polémicos, según informa la Radio Vaticana.

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Cardenal Mahoney

La medida tomada por la Justicia Federal de los Estados Unidos atendió a los pedidos de los obispos norteamericanos, que se mostraron, desde el inicio, insatisfechos con la nueva ley. El Arzobispo de Los Ángeles, Cardenal Roger Mahony, por ejemplo, elogió la decisión de la jueza y afirmó que es necesaria la acción del Congreso, de las comunidades locales y de los Estados para una inevitable reforma de inmigración. Dijo que, de no ser así, se continuarán proponiendo medidas paliativas que no resuelven todos los aspectos en cuanto a la inmigración.

La nueva legislación norteamericana para inmigrantes no contrarió solo a la Iglesia en los Estados Unidos. Como no podría dejar de ser, la Iglesia de países de origen de los inmigrantes -principalmente de América Central- también tomó posición. En este sentido, el Arzobispo de El Salvador, Mons. José Luiz Escobar Alas, ya anunció que habrá un encuentro en noviembre entre los obispos de America Central para redactar una petición pro-reforma migratoria en los Estados Unidos.

Entre las partes bloqueadas en la nueva legislación está la que permite a la policía revisar los documentos de inmigración de personas que sean abordadas por otras infracciones y parezcan sospechosas, la que considera como crimen no portar documento de inmigración y prohíbe que trabajadores sin documentos busquen empleo, y, también, el trecho que da poder a los policías de detener sin orden judicial a personas sospechosas de haber cometido un crimen pasible de deportación.

Estos trechos quedaron suspendidos hasta que se tome una decisión final sobre su constitucionalidad.

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