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Ciudad del Vaticano (Martes, 13-03-2012, Gaudium Press) El agua es un don y un derecho de todos y no es una «mercadería cualquiera», recuerda el Pontificio Consejo Justicia y Paz en el documento titulado «Agua, bien esencial para la vida» en el Sexto Fórum Mundial sobre el agua con el tema «Time for solutions» iniciado ayer en Marsella. Después de tres precedentes encuentros, el de Kyoto en 2003 cuando la Santa Sede afirmó el reconocimiento formal del derecho al agua potable, el de México en 2006 sobre «una cultura del agua» y el de Estambul en 2009 sobre los objetivos de desarrollo del milenio, ahora son necesarias decisiones concretas.
«Después del inicio de una violenta crisis económica – observa el documento – también ligada a la explotación de los recursos naturales y al distanciamiento entre finanzas y economía real, entre lucro y sustentabilidad, llegó el momento de hacer un balance de la actual situación para encontrar urgentemente soluciones eficaces para las problemáticas que quedaron en abierto, en vista de la Conferencia Río+20 que ocurrirá en junio de este año y de mayores y necesarias reflexiones sobre el agua consideradas en relación al desarrollo integral de los pueblos».
En el documento es expresada toda la preocupación de la Santa Sede para que el agua no sea considerada «bien mercantil», sino como uno de los bienes universales de la entera humanidad». Por eso afirma el derecho al agua «con un apropiado marco jurídico y con adecuadas instituciones que permitan definir claramente las responsabilidades, establecer en cuáles circunstancias el derecho no es garantizado y que consientan denunciar y pedir reparaciones en caso de falta de respeto».
El motivo del empeño de la Santa Sede es el gran número de personas que tienen sed, que según las estadísticas internacionales, hasta la de la ONU, son 800-900 millones de personas, y el hecho que «no todos los Estados incluyeron en el propio ordenamiento jurídico nacional el derecho al agua» por eso lo ven como «instrumento de presión política o económica». De hecho, «adoptando una definición larga de acceso al agua – un acceso regular y constante al agua potable que sea accesible económicamente, legalmente y de hecho, y que sea aceptable desde el punto de vista de disfrute» – la realidad descripta por algunos estudios es todavía más preocupante: 1,9 billones de personas tendrían a disposición solamente agua insalubre, mientras 3,4 billones de personas utilizarían saltuariamente agua de calidad insegura. Según esas últimas estadísticas, el acceso al agua potable no sería, en definitiva, garantizado a la mitad de la población mundial».
«En el plan práctico- continúa el documento – permanece algunas veces una concepción excesivamente mercantil del agua que corre el riesgo de caer en el error de considerarla como una mercadería cualquiera, planificando las inversiones según el criterio del lucro por el lucro, sin llevar en consideración el valor público del agua». Además, «un tal abordaje mercantilista induce a la creación, en algunos casos, de una dependencia no necesaria (de redes, de procedimientos, de burocracias, de patentes) y predispone a proveer el agua solamente a quien es capaz de pagarla». Y después, otro límite del abordaje mercantil de la gestión del agua (y de otros recursos naturales) «es aquel de curar y tutelar el medio ambiente asumiéndose las propias responsabilidades solamente si es cuando esto es económicamente conveniente», observa la Santa Sede.
El documento propone algunas soluciones prácticas, principalmente la inserción del derecho al agua en los objetivos de desarrollo del milenio como bien común y como derecho del hombre bloqueando especulaciones sobre los precios. Además, la Santa Sede pide una administración internacional que «no debe ser vista como un principio superior que oprime las iniciativas locales o estatales, pero una necesidad de coordinación y de orientación para una valoración y un uso armonioso y sustentable del medio ambiente y de los recursos naturales en vista de la realización del bien común mundial».
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