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Washington (Sábado, 23-03-2013, Gaudium Press) La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) hizo uso de su derecho de comentar sobre las nuevas reglas propuestas para el sistema de salud y aseguró que las enmiendas sugeridas al llamado Mandato HHS continúan violentando los principios básicos de la libertad religiosa. La norma fue calificada como «injusta e ilegítima» por los prelados y, en un detallado texto de 24 páginas, fueron expuestas las razones del rechazo de la Iglesia a esta iniciativa.
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| Un cartel invita a una Eucaristía solemne y las jornadas de oración por el respeto a la libertad religiosa en Estados Unidos en 2012. |
Los Obispos hicieron esta declaración usando el período de 60 días de comentarios señalado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) después la publicación de las propuestas de reforma. La controversia causada por el mandato desde su primera propuesta en 2011 es debido a que obliga a los empleadores a incluir productos anticonceptivos, fármacos abortivos y procedimientos de esterilización en la cobertura de salud para los empleados. La imposición supone el pago obligatorio por productos y servicios que son contrarios a la moral de los católicos.
Las objeciones reiteradas por los Obispos incluyen las excepciones «no razonables e ilícitamente estrechas», que benefician solo a algunas organizaciones religiosas sin ánimo de lucro, primordialmente las parroquias y lugares de culto. Quedan por fuera de las excepciones numerosas organizaciones de asistencia y caridad, hospitales e instituciones educativas, que exigen su reconocimiento como organizaciones católicas que cumplen un papel fundamental dentro del testimonio de vida cristiano.
Los Obispos recordaron también que los empresarios católicos propietarios de organizaciones con ánimo de lucro están por fuera de las excepciones y se debería proteger de igual forma su libertad de practicar la fe. Además, no existe posibilidad de objeción para las aseguradoras y otros públicos afectados por la medida. La Iglesia ha rechazado de forma reiterada la posibilidad de que el gobierna defina lo que es o no es una institución religiosa de acuerdo a sus parámetros. Incluso si se cumplen los requisitos señalados, los servicios y productos objetables todavía serían financiados de otra manera.
«El mandato continúa representando una violación sin precedentes (y ahora sostenida) a la libertad religiosa, por parte del gobierno federal», afirmó la declaración. Los Obispos reiteraron su compromiso, «ahora como siempre», para resolver de manera justa y legítima estos asuntos, atendiendo nuevamente la llamada al diálogo, hasta ahora improductiva, de la administración Obama. «Mientras tanto, entre otras acciones, seguiremos buscando la solución para estos problemas en el Congreso y en las Cortes», concluyó la introducción del documento.
Los prelados señalaron también que cursan actualmente por lo menos 50 demandas en las cuales participan 150 organizaciones e individuos para contrarrestar los efectos de la norma.
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