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Ciudad de México (Jueves, 16-07-2009, Gaudium Press) En diálogo con el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (SIAME), el Licenciado Pedro Arellano Aguilar, Secretario de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Mexicana, denunció las amenazas recibidas por parte funcionarios del Distrito Federal de ese país, a raíz de la publicación en el semanario ‘Proceso‘ de una investigación que él coordinó sobre la situación de las cárceles del país, incluidas las de la capital.
En la entrevista Arellano afirma que «no hay apertura [de parte de las autoridades penitenciarias del Distrito Federal] para reconocer la inocultable corrupción, el rezago de las preliberaciones, el fracaso de la industria penitenciaria, las violaciones a los derechos humanos y el hacinamiento inhumano que imperan en los reclusorios capitalinos«.
El Licenciado Arellano indicó que el diálogo con las autoridades penitenciarias del resto del país es fluido y cordial, incluyendo el intercambio de datos, mientras que no ocurre lo mismo con los funcionarios de la capital: «En el gobierno del Distrito Federal no ha sido así, hemos tenido diálogos ríspidos con las autoridades penitenciarias, reclamos, amenazas contra mi integridad personal y ahora propagación de datos falseados«.
El Secretario de la Pastoral Penitenciaria dijo que ha solicitado un diálogo con la Secretaría y la subsecretaría de gobierno y con la Procuraduría del Distrito Federal, «para saber el por qué de esta situación«. Manifestó también que ha recibido expresiones de solidaridad y apoyo por parte de numerosas personas, entre otros del Cardenal Primado de México, otros obispos, jueces y magistrados y comunicadores.
Entre otros logros, Arellano declaró que la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano trajo al país «la experiencia de ‘Líbera’, organismo de la sociedad civil que es el principal responsable de la lucha contra la mafia y el crimen organizado en Italia y que es dirigida por el Padre Luigi Ciotti. Este organismo promueve la educación anticrimen en el 60% de las escuelas y universidades de Italia, organiza a los familiares de las víctimas, denuncia la complicidad entre gobierno-mafia y fomenta cooperativas con los bienes incautados al crimen organizado.»
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