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Washington (Miércoles, 30-03-2016, Gaudium Press) En una sorpresiva decisión calificada como «esperanzadora» por parte de analistas en el tema de fe y vida pública, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó a las partes involucradas en una demanda contra el llamado mandato antinatalista (el Gobierno y las Hermanitas de los Pobres) ofrecen nuevas soluciones que tengan en cuenta las objeciones morales de las religiosas ante la norma que pretende obligarlas a financiar fármacos abortivos, esterilización y anticonceptivos en los planes obligatorios de salud para sus empleados.
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| Las Hermanitas de los Pobres expusieron sus argumentos ante la Corte Suprema. Foto: Becket Fund. |
«Este es un desarrollo excelente», expresó el Fondo Becket para la Libertad Religiosa en un comunicado oficial. «Claramente la Corte Suprema entendió la preocupación de las Hermanas sobre cómo el esquema actual del gobierno las fuerza a violentar su religión». La orden del tribunal equivaldría para algunos juristas a una «orden implícita» de atender el reclamo de las religiosas y eliminar cualquier acción de su parte que las convirtiera en cómplices de la prestación de servicios que consideran objetables.
La noticia de esta nueva etapa de consulta en el proceso es un avance con respecto al clima de incertidumbre sobre la posición de la Corte tras escuchar los argumentos de las partes y sobre todo tras el fallecimiento del juez Antonin Scalia, miembro de la Corte reconocido por su fe católica y sus posición de defensa de la libertad religiosa. La búsqueda de nuevas soluciones parte del reconocimiento de la insuficiencia de la «acomodación» ofrecida por la Administración pública.
La acomodación presente objetada por las religiosas exige que éstas firmen un documento que autoriza que el costo de los servicios inmorales sea cubierto directamente por la aseguradora, lo cual desconoce que el reclamo de los empleadores católicos no está basado en el costo de los servicios sino en la imposición de un procedimiento moralmente ilícito. Las partes deberán radicar sus propuestas antes del 20 de abril y se espera que la Corte Suprema tenga una decisión antes de la clausura del término de la Corte en junio.
Con información de National Catholic Register.
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