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Pittsburg (Martes, 16-08-2016, Gaudium Press) La reciente victoria de las Hermanitas de los Pobres ante la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el llamado mandato antinatalista podría no resolver la situación de la Diócesis de Pittsburgh, una de las organizaciones católicas que ha demandado la medida. Si bien la Corte ordenó buscar un acuerdo en el cual no se obligue a las religiosas a cooperar a través de una autorización a la aseguradora para proveer servicios de salud considerados inmorales por la doctrina católica, la situación de la Diócesis es más compleja, ya que ella no presta la cobertura en salud a través de una empresa de seguros.
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| Mons. David Zubik, Obispo de Pittsburgh. Foto: Catholic Diocese of Pittsburgh. |
«El gobierno ha hecho una interpretación extremadamente agresiva de la orden de la Corte en el caso Zubick y aparentemente está tratando de forzar a nuestros administradores terceros para que incluyan la cobertura objetable en nuestros planes autoasegurados», afirmó un comunicado oficial de la Diócesis el pasado 11 de agosto. «Creemos que esta es una lectura errada de lo que dijo la Suprema Corte».
Mons. David Zubik, Obispo de Pittsburgh, fue el demandante principal en uno de los procesos judiciales contra el mandato antinatalista, reclamando que no se otorgara a las instituciones católicas de servicio excepciones como las que se conceden a otro tipo de organizaciones y que se aplicara una «acomodación» insuficiente para proteger a los creyentes. Esta «acomodación» consistía en la firma de un formulario mediante el cual se cambia el acreedor por los servicios de fármacos abortivos, esterilización y anticonceptivos, pasando de la institución católica a la aseguradora.
Los creyentes denunciaron que la firma del documento es una cooperación con la conducta inmoral de proveer estos servicios y productos. La Suprema Corte reconoció esta vulneración y ordenó encontrar otra excepción. Al parecer la alternativa gubernamental es omitir por completo la participación de las instituciones católicas e imponer la carga directamente a las aseguradoras, lo cual origina nuevos problemas éticos y no es posible en casos como el de la Diócesis de Pittsburgh, la cual trabaja con un modelo de auto – seguro.
Mientras el gobierno intenta imponer a los administradores terceros de los servicios de salud la provisión de los servicios y productos objetados, la Diócesis reclama «una solución de mutuo acuerdo a nuestro impasse sobre la libertad religiosa». El comunicado recuerda que la Corte Suprema descartó que se pueda imponer multas a los creyentes por objetar la medida y calificó la actitud del gobierno como equivocada.
Con información de Diócesis de Pittsburgh y CNA.
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