Abuso de conciencia – El nuevo comodín

“Hay que acabar con los abusos. Con todos. Empezando por los que se cometen desde arriba.”

Redacción (15/10/2026 09:12, Gaudium Press) Los abusos de autoridad, poder y conciencia existen. Han existido siempre. Y son intolerables. Dicho esto desde el principio y sin matices, porque lo que viene después no puede leerse como una defensa de quienes han hecho daño desde una posición de superioridad espiritual o jerárquica. No lo es. Es otra cosa.

Lo que viene después es una advertencia sobre lo que está pasando.

Tras el boom de las acusaciones de abusos sexuales, que sacudió a la Iglesia con razón y que obligó a mirar de frente una realidad que durante demasiado tiempo se había gestionado con silencio y traslados, estamos asistiendo ahora a un fenómeno nuevo: el boom de las acusaciones de abuso de poder, de autoridad y de conciencia. Y como ocurrió con el anterior, el problema no es que se denuncie lo que existe, que debe denunciarse. El problema es cuando la categoría se vuelve tan elástica que empieza a caber en ella cualquier cosa.

¿Qué es un abuso de conciencia?

Abuso de conciencia es un concepto que en los documentos de la Iglesia tiene una definición precisa. Implica una instrumentalización de la relación espiritual para dominar a la persona, anular su libertad interior, crear una dependencia enfermiza, dirigirla hacia fines propios del director y no del bien del dirigido, o ejercer sobre ella una presión que va más allá de la legítima autoridad pastoral. Es algo serio, identificable, que deja huella y que produce un daño real y documentable en quien lo sufre.

Lo que no es abuso de conciencia es que un sacerdote dé un consejo contundente. Que exprese con claridad su opinión sobre una decisión de vida. Que diga a alguien que lo que está haciendo no le parece bien, aunque use palabras firmes. La firmeza no es abuso. La claridad no es coacción. Un director espiritual que nunca incomoda, que siempre valida, que jamás dice algo que el otro no quiera oír, no es un buen acompañante: es un espejo que devuelve lo que el ego quiere ver.

Hay personas con un psiquismo frágil que generan, de forma unilateral, una dependencia muy intensa respecto a quien las acompaña. Hacen todo lo que ese acompañante les dice, no porque las obligue, sino porque han transferido a esa figura toda su capacidad de decisión. Eso no es un abuso de poder del acompañante: es un patrón psicológico propio de la persona que necesita atención clínica, no canónica. Confundir ambas cosas hace un daño enorme: primero a quien realmente necesita ayuda terapéutica y en cambio recibe un proceso eclesiástico, y segundo al sacerdote o al religioso que queda marcado por una acusación que no refleja su intención ni su conducta real.

Acusadores y acusados

El garantismo existe por algo. La presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la necesidad de pruebas antes de emitir un juicio: son conquistas de la civilización que la Iglesia debe respetar con la misma firmeza que exige en otros ámbitos. Una acusación no es una condena. Formularla no la convierte en verdadera. Y tratar a un acusado como culpable antes de que se haya demostrado nada es una injusticia que puede destruir una vida, una reputación y un ministerio de décadas.

Hay casos en que la acusación se formula con buena fe y el daño percibido es real aunque no haya mediado intención de dañar por parte del acusado. Hay casos en que la acusación responde a un conflicto mal gestionado, a una relación que se fracturó y que se reinterpreta después con categorías que no corresponden a lo que ocurrió. Y hay casos, hay que decirlo también, en que la acusación es un instrumento. Para apartar a alguien incómodo. Para silenciar una voz que molesta. Para descalificar una espiritualidad o un carisma que no encaja con los gustos pastorales del momento.

En los tres escenarios, quien acusa merece ser escuchado con seriedad. Y quien es acusado merece que no se le condene antes de que concluya el proceso.

Aquí viene lo fuerte. ¿Qué pasa con el abuso cometido por los de arriba?

Ahora viene lo que nadie dice, y que es el punto en que esta reflexión se vuelve más incómoda.

En la Iglesia existen personas que por su posición jerárquica pueden ejercer, o de hecho ejercen, formas de abuso de autoridad y poder que con frecuencia quedan sin nombre, sin proceso y sin consecuencia. Y sobre eso hay un silencio que resulta cada vez más difícil de justificar.

Pensemos en un sacerdote apartado del ministerio mientras un proceso canónico se prolonga durante meses o años sin sentencia firme de ningún tribunal. Apartado. Sin poder celebrar misa públicamente, sin parroquia, sin ministerio, con su nombre flotando en el aire de su diócesis rodeado de una sospecha que nadie ha demostrado pero que todos dan por buena. ¿Quién ha tomado esa decisión? Un obispo. ¿Hay una sentencia que la respalde? No. ¿Hay un plazo para que termine? Nadie lo dice. ¿Hay alguien a quien recurrir? Teóricamente sí, en la práctica el proceso es tan lento y tan opaco que el sacerdote acaba por renunciar, por agotamiento, por falta de medios, por la presión silenciosa de saber que si recurre se ganará la enemistad definitiva de quien tiene en sus manos su futuro ministerial. Eso es un aplastamiento. Y tiene nombre: abuso de poder. Pero nadie lo llama así.

O pensemos en los nombramientos. En una diócesis donde las parroquias más importantes van cayendo sistemáticamente en manos de los mismos perfiles, los que tienen buena relación personal con el obispo, los que no generan incomodidad, los que saben callar en el momento oportuno. Mientras sacerdotes con años de experiencia pastoral probada, con frutos reales en sus comunidades, se quedan mirando cómo “les pasa por delante” quien llegó al cargo por amistad o por afinidad ideológica. Eso no es gestión pastoral. Es nepotismo eclesiástico. Y produce en los sacerdotes que lo sufren exactamente la misma sensación que produce cualquier otro abuso de poder: impotencia, desmoralización, la certeza de que las reglas del juego están trucadas.

O pensemos en el sacerdote cuya voz empieza a ser conocida, cuya presencia en redes crece, cuyo pensamiento no siempre coincide con la línea de la diócesis. Y que de pronto empieza a recibir señales. Pequeñas al principio: un tono diferente en las conversaciones, una ausencia en los actos diocesanos donde antes siempre estaba invitado, un comentario que llega por terceras personas. Luego más claras: una llamada en la que se le sugiere que modere ciertos temas, que tenga más en cuenta la sensibilidad del momento. Y si sigue sin entender, algo más directo: una amenaza velada sobre su situación pastoral, un recordatorio de que su destino depende de una decisión que puede tomarse en cualquier momento. Todo esto sin poner nada por escrito, claro. Sin testigos, sin actas, sin rastro. Porque quien ejerce el poder de esa manera sabe perfectamente que la informalidad es su mejor cobertura. Disclaimer: no estoy hablando de mi caso.

O pensemos en una comunidad religiosa, un grupo de laicos consagrados, una congregación con una espiritualidad más contemplativa o más tradicional de lo que al obispo de turno le resulta cómodo. Y que de pronto se encuentra sometida a una intervención, a un proceso de revisión, a la imposición de un visitador cuyas conclusiones están escritas antes de empezar la visita. No por ningún escándalo, no por ninguna denuncia concreta y verificada: por incomodidad. Porque su forma de vivir la fe no encaja con el modelo pastoral que se quiere imponer. Eso es un abuso de autoridad con traje de discernimiento institucional.

Silencio…

Y de todo esto nadie habla. Nadie abre procesos. Nadie formula denuncias ante los dicasterios competentes, entre otras cosas porque el acceso a esos dicasterios es mucho más complicado para un sacerdote que para una persona laica que acusa a ese sacerdote. Porque la asimetría de poder es tan brutal que el sacerdote sabe, con una certeza adquirida a base de ver cómo les ha ido a otros, que recurrir tiene un coste que pocos están dispuestos a pagar. El miedo que eso genera en el clero no es respeto legítimo a la autoridad. Es exactamente la clase de presión que en cualquier otro contexto, con cualquier otro acusado que no llevara alzacuellos, se llamaría sin dudar abuso de poder y de conciencia.

La pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta es esta: ¿por qué cuando el que ejerce el abuso es un sacerdote de a pie hay proceso, hay dicasterio, hay comunicado de prensa, hay nombre en los medios, y cuando el que lo ejerce lleva anillo pastoral y báculo no hay nada? ¿De dónde sale esa inmunidad? ¿Quién la garantiza y por qué? La doble vara de medir es intolerable. Abuso es abuso con independencia de quién lo ejerce y desde qué nivel de la jerarquía lo hace. Si vamos a tomarnos en serio la protección de la libertad interior de las personas en la Iglesia, esa seriedad tiene que aplicarse en todas las direcciones, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. No solo cuando el acusado es un sacerdote de a pie o el miembro de una congregación religiosa, sino también cuando quien ejerce el poder de manera abusiva lleva anillo y báculo.

Discernir bien, denunciar lo que debe denunciarse, proteger a quienes han sufrido daño real, garantizar el proceso justo a quienes son acusados, y aplicar el mismo rasero a todos con independencia de su rango. Eso sería honestidad. Eso sería Iglesia.

Lo que estamos viendo demasiadas veces es otra cosa: la acusación convertida en instrumento, el proceso convertido en condena anticipada, el concepto de abuso estirado hasta que cabe en él cualquier incomodidad, y los que verdaderamente tienen poder usando ese poder de formas que nadie examina porque nadie se atreve a señalarlas.

Hay que acabar con los abusos. Con todos. Empezando por los que se cometen desde arriba.

Por el P. Jesús María Silva Castignani

(Publicado originalmente en Religión en Libertad, 14-10-2026).