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Con las negativas a entregar el Decreto, la acusación o las pruebas contra el profesor acusado, se viola el derecho a defensa, afirman.
Foto: Elena Mozhvilo en Unplash
Redacción (20/02/2024, Gaudium Press) Se vive un nuevo episodio del llamado Caso Gaztelueta, el del profesor José María Martínez, a quien se le sigue un proceso en un tribunal canónico ad casum (constituido para ese caso) por abusos supuestamente cometidos sobre un alumno en el Colegio Gaztelueta, vinculado al Opus Dei. El prof. Martínez siempre ha alegado su inocencia.
Ayer lunes el tribunal canónico, presidido por Mons. José Antonio Satué, obispo de Teruel y Albarracín, escuchó los testigos de la defensa del profesor Martínez, hecho que según informa Religión Confidencial, de “fuentes próximas al profesor”, “es resultado de la iniciativa de la defensa y no de la decisión motu proprio del Presidente Delegado”. También informan estas fuentes que la defensa del profesor ha solicitado, reiteradas veces, tanto al propio Delegado presidente del Tribunal ad casum, como al Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica y al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la investigación realizada por indicación de Doctrina de la fe que condujo al actual proceso, algo que en la justicia civil es de recibo, pues esa investigación es parte esencial de la acusación y la cual la defensa tiene derecho a conocer.
Reporta igualmente Religión Confidencial que ayer fungió como notario de la audiencia José Luis Perucha, y que declararon Imanol Goyarrola, que durante estos años ha sido subdirector y director del Colegio Gaztelueta; Iñaki Cires, que era el director de Gaztelueta cuando los padres hablaron por primera vez en el Colegio en el año 2011; Imanol Tazón, inspector del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que declaró en el proceso civil; y María José Martínez Arévalo, psiquiatra, con consulta en Pamplona y que declaró en la Audiencia Provincial de Bizkaia en su momento.
Recusación del P. Nieto
Uno de los hecho más relevantes de la audiencia de ayer ha sido la recusación hecha por el presidente del Tribunal, Mons. Satué, al P. Silverio Nieto, quien su momento fue el encargado por parte de la entonces Congregación para la Doctrina de la fe de realizar una investigación preliminar que concluyó con el archivo del caso contra el profesor en el hoy Dicasterio, con la orden de que se restaurara su buen nombre.
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Por su parte, Imano Tazón, ratificó la declaración que hizo en su momento. Entonces el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco archivó el caso después de actuar de oficio por las noticias aparecidas en los medios de comunicación.
Expresan igualmente las fuentes cercanas al profesor, que la defensa canónica del profesor Martínez había planteado una serie de cuestiones a la Signatura Apostólica, de las cuales la principal era que se aclarara la naturaleza del procedimiento que se estaba realizando contra el profesor y las normas sustantivas aplicables, sobre todo en lo referido a si se está ante un procedimiento de tipo penal, con consecuencias de carácter penal, o una modalidad de auditoría fiscalizadora de los hechos según las normas del Opus Dei, como se puede desprender de la Nota de la Signatura Apostólica de junio de 2023.
La Signatura Apostólica respondió a esas cuestiones en enero, pero las fuentes cercanas al profesor afirman que la respuesta de la Signatura Apostólica no ha clarificado la cuestión dado que, “en un tono evasivo, se remite al contenido del Decreto de la Santa Sede y a la Nota de 28 de junio, con lo que se produce una especie de bucle remitiéndose precisamente a las afirmaciones que dan pie a las dudas”, expresa Religión Confidencial.
En la práctica, el acusado no conoce a qué se enfrenta, si a un delito del Código de Derecho Canónico o a una infracción sólo prevista en los Estatutos de la Prelatura del Opus Dei, afectando así sus garantías procesales, según la opinión de diversos canonistas.
Otro punto que alega la defensa es que el Delegado presidente primero admitió los abogados elegidos por el acusado, pero después la Signatura Apostólica los destituyó. Pero luego el delegado acordó la “continuación” del procedimiento, lo que sería causa de nulidad del mismo.
La defensa no conoce Decreto originario sobre el que se articuló el juicio
Según refiere Religión Confidencial de fuentes cercanas al profesor, hasta el presente la defensa de José María Martínez Sanz no ha recibido el Decreto originario sobre el que se ha articulado este juicio. Por lo tanto la defensa sigue en el desconocimiento de la acusación y de las pruebas. Monseñor Satué se ha negado, en varias ocasiones, a retrotraer las actuaciones, refiere el medio.
Con las negativas a entregar el Decreto, la acusación o las pruebas, se estarían infringiendo normas incluso internas de la Iglesia.
“Es insostenible en cualquier ordenamiento jurídico que las investigaciones, sean previas, preliminares, sumariales o como se quieran denominar, no formen parte posteriormente de las actuaciones que deben juzgarse. No se entiende que el obispo apueste por tener menos información que más, a no ser que todo esto ya esté sentenciado”, concluyen las fuentes consultadas por Religión Confidencial.
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