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El 20 de diciembre, nuevas marchas en toda España contra reforma a Ley de Educación

Más Plurales acusa a la Ley Celaá de ser innecesaria, partidista y construida de espaldas a la comunidad educativa. Con tendencia estatista.

Ley Celaa

Foto: Yahoo

Madrid (03/12/2020 12:42, Gaudium Press) El próximo 20 de diciembre, en las principales ciudades de España, habrán nuevas movilizaciones en contra de la Ley Celaá, o LOMLOE, proyecto de ley de reforma educativa.

Así lo anuncia Jesús Muñoz de Priego, portavoz de «Más Plurales, Más Libres, Más Iguales», plataforma a-partidista que aglutina a quienes consideran que la reforma a la ley educativa en vigor es harto perjudicial para España.

Muñoz de Priego ha anunciado que mañana Viernes 4 se registrarán en el Senado las propuestas de enmiendas modificativas al actual proyecto de ley, dirigidas a todos los senadores. Y el Sábado 10 habrá una nueva ‘quedada digital’ reivindicativa con el hashtag #MasLibres.

Y hay más.

El día 16, al mediodía, habrá una concentración en las puertas del Senado, donde en este momento cursa ese proyecto de ley. Luego, el día 18, se registrará en el Congreso de los Diputados las firmas recogidas contra el proyecto, que “van ya por los dos millones”.

Igualmente, siguen las concentraciones en las puertas de los centros educativos los miércoles al fin de la jornada lectiva.

Una reunión solicitada al presidente, no ha sido respondida.

Un debate social que el gobierno no quería

En palabras del portavoz de Más Plurales lo que se ha hecho ya ha tenido éxito, en el sentido de generar un debate social, basado en argumentos, que el gobierno no quería.

Muñoz habló de algunas estrategias de desinformación del Gobierno, para desviar del debate verdadero en torno al proyecto, como por ejemplo decir que las protestas es porque se impide a la escuela concertada cobrar cuotas.

Dijo que las “actividades complementarias, actividades extraescolares y servicios complementarios” que ofrece la escuela concertada son de carácter voluntario, y que solo las suscriben quienes reciben ese servicio, siendo previamente autorizadas por el Consejo Escolar o la propia Administración. Y los donativos los hacen “los padres que quieren y porque quieren”, sin que el gobierno pudiera impedirlo. Y el proyecto de ley no modifica eso.

El verdadero problema es que el proyecto de ley “pretende una [escuela] concertada subsidiaria de la pública”, en una intención claramente estatista, que tiende al aniquilamiento de la concertada. “Se ponen las bases para posibilitar una escuela pública única, un monopolio educativo de la Administración pública”.

En las Comunidades autónomas tradicionalmente gobernadas por el PSOE o últimamente, de forma incisiva, en las gobernadas en coalición por PSOE y Unidas Podemos (como Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja) —denuncia Más Plurales— se ha procedido a la reducción de unidades concertadas con demanda social, es decir, pedidas por las familias, en beneficio de unidades públicas sin demanda. Esto es un hecho. Y si se ha procedido así, en los últimos años, con una ley que reconocía la demanda social como elemento a tener en cuenta por la Administración en la programación de plazas escolares, ¿qué cabe esperar con la retirada de esa referencia?” Es decir, los padres querían una escuela concertada, acorde a sus ideario, a su derecho de educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones; y el partido de gobierno ha querido restringir ese derecho eliminando escuelas concertadas.

Por eso Más Plurales dice que el tema trasciende la escuela concertada y entra en el campo de la libertad educativa y los derechos de los padres.

Cuando se ha querido acabar unidades concertadas con demanda social, esas “actuaciones han sido reprobadas por jurisprudencia reiterada y consolidada de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo, que han devuelto a los centros la gran mayor parte de esos conciertos. La LOMLOE pretende alentar y respaldar jurídicamente esas prácticas de ataque a la libertad de enseñanza y la concertada, y sortear además esa jurisprudencia que ha reprobado las mismas”.

No se necesita reformar la educación

Asegura Más Plurales la Ley Celaá es “innecesaria” y “partidista”, construida “de espaldas a la comunidad educativa”. “No aborda los auténticos problemas de la educación española, como son el fracaso escolar y la mejora real de la igualdad de oportunidades. Peor todavía, todo aquello que ahora mismo está funcionando con normalidad en nuestro sistema educativo, lo cuestiona y modifica. Para Más Plurales, ahora mismo no hay ningún problema ni con la Enseñanza Concertada, ni con la Educación Especial, ni con la asignatura de Religión”.

Su intención, al parecer, es netamente ideológica, dirigista, con visos de totalitaria.

Con información de Revista Ecclesia.

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