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Defensores de la salud mental y activistas Pro-Vida están expresando su preocupación por la posible extensión de las leyes sobre suicidio asistido en Canadá.
Redacción (11/08/2023 14:58, Gaudium Press) Defensores de la salud mental y activistas Pro-Vida están expresando su preocupación por la posible extensión de las leyes sobre suicidio asistido en Canadá, que permitiría la búsqueda de tratamientos médicos terminales aun cuando la persona no esté sufriendo de una aflicción fatal.
Canadá legalizó el suicidio asistido en junio de 2016 para adultos que sufren enfermedades mortales irreversibles. En 2021, el gobierno canadiense dijo que esperaría dos años más para extender dichos servicios a los ciudadanos con enfermedades mentales, para “estudiar cómo puede ser administrada con seguridad la Atención Médica para Enfermos Terminales (MAiD) con base en una enfermedad mental”.
El gobierno extendió a comienzos de este año ese plazo por un año más. Los canadienses que sufren enfermedades mentales podrán solicitar el suicidio asistido a mediados de marzo de 2024.
Posibilidad de suicídio asistido aunque no se esté en enfermedad terminal
El cambio inminente de la ley ha generado un amplio debate en Canadá, con críticos que argumentan que las nuevas normas permitirán a las personas solicitar y recibir el suicidio asistido, aun cuando no estén al borde de la muerte por una enfermedad terminal.
La probabilidad de esa situación fue resaltada en un informe reciente de Reuters, en el cual la canadiense Lisa Pauli, de 47 años, reveló su intento de usar la extensión inminente del suicidio asistido del Estado, para terminar con su propia vida.
Pauli no tiene una enfermedad terminal. Más bien ha sufrido de anorexia durante una parte de su vida. Según dijo a Reuters, ella espera que las nuevas leyes que pronto serán implementadas, le permitan solicitar una dosis letal de farmacéuticos facilitada por un doctor, para que pueda quitarse la vida. “Estoy muy cansada. Terminé”, dijo Pauli al medio noticioso.
Reacciones provida
Jeff Gunnarson, presidente de la Coalición conservadora de la Campaña por la Vida, está “profundamente preocupado y hará presión contra cualquier conferencia o acción que tenga en vista facilitar el acceso a la eutanasia a través de la llamada ayuda médica para enfermos terminales”.
La MAiD “está en realidad permitiendo que los fuertes y saludables maten a los débiles y enfermos bajo la apariencia de autonomía”, afirmó Gunnarson a comienzos de este año, con la nueva extensión que tiene la intención de “incluir a los que no están muriendo y viven con discapacidades, incluyendo a aquellos que viven con una enfermedad mental”.
Christian Elia, director ejecutivo de la Liga Católica por los Derechos Civiles (CCRL), con base en Ottawa, dijo que el grupo “se ha opuesto eso y ciertamente lo intensificaremos” a raíz de la próxima política de salud mental.
En una entrevista de prensa este mes, el grupo criticó lo que llamó de “pendiente resbaladiza” de las leyes de eutanasia en Canadá, así como la falta de protecciones permitidas a los doctores católicos y otros objetantes del suicidio asistido.
“Los derechos de los médicos a dar su objeción de conciencia a la muerte de un paciente nunca fueron debidamente consagrados” en la ley canadiense, dijo la CCRL, afirmando que la Iglesia Católica ha estado “en la vanguardia” del ofrecimiento de cuidados paliativos dignos, no suicidas, a pacientes terminales en Canadá.
Elia dijo que él tiene la “esperanza” de que la ley para los enfermos mentales finalmente no sea aprobada.
“Eso no pudo ser hecho hasta ahora”, dijo. “Tenemos esperanza. Ha habido un retroceso. El retroceso ya causó este aplazamiento”.
“Hay muchos grupos de profesionales de la salud que están en realidad liderando la carga y diciendo que esta es una idea mal concebida”, añadió.
Incluso activistas que de otro modo no han manifestado oposición a la MAiD, han expresado preocupación por su extensión para incluir la enfermedad mental.
Lauren Clegg, del Centro para la Adicción y la Enfermedad Mental en Toronto, resaltó las declaraciones del grupo sobre la ley de suicidio asistido. El grupo ha “expresado públicamente su preocupación ante la intención del gobierno federal de extender la elegibilidad de la MAiD a las personas cuya única condición médica es una enfermedad mental”, dijo.
Ese grupo dio a entender que su preocupación podría resolverse si los expertos respondieran “si la enfermedad mental puede ser considerada ‘grave e irremediable’ para los propósitos de la MAiD, y qué criterio podría ser usado para determinar si la persona está sufriendo de una enfermedad mental irremediable.”
Anita Federici, directora clínica del Centro para la Regulación de la Psicología y la Emotividad, en Ontario, dijo que, para muchos críticos de la extensión, “el asunto… no es si la MAiD debe o puede existir.”
“Los problemas principales en la actualidad son: a) la manera en la cual la terminalidad ha sido propuesta y el perjuicio que esto está causando, b) los criterios pobremente y mal definidos para paliativos y decisiones para terminar la vida, c) la ausencia completa de cómo la MAiD afecta desproporcionadamente a los más vulnerables en nuestra sociedad”, dijo.
En un artículo publicado en la revista Be Yourself, de la Asociación para la Bulimia y Anorexia Nerviosa, de Ontario, Federici afirmó que los individuos que tienen desórdenes alimenticios están “en una posición increíblemente vulnerable con respecto a la MAiD”, en parte por causa de las “barreras sistémicas sustanciales para la asistencia médica en el campo de los desórdenes alimenticios”.
“¿Cómo determina alguien si un desorden alimenticio es incurable o intratable, si la mayoría no puede acceder a una atención médica basada en la evidencia?”, escribió Federici.
Preguntada sobre casos como el de Pauli, Ary Maharaj, del Centro de Información Nacional de Desórdenes Alimenticios, afirmó que el grupo comprende el deseo de las personas gravemente enfermas mentalmente de querer “acabar sus dolores y sufrimiento” usando el suicidio asistido.
Pero argumentó que los gobiernos “deben invertir en el bienestar de la comunidad para reducir las condiciones sociales que puedan causar y perpetuar las enfermedades mentales”.
Desde su comienzo en 2016, más de 30.000 canadienses han hecho uso de la ley de suicidio asistido en su país, para terminar con sus propias vidas. La mayoría de los que recibieron dosis médicas letales en 2021 citaron el cáncer como condición médica subyacente.
El gobierno canadiense, por su parte, estima en su página web que “1 de cada 3 canadienses (cerca de 9.1 millones de personas) se verán afectados por una enfermedad mental durante su vida”.
La página web del gobierno también ofrece asistencia a los canadienses que puedan tener sentimientos suicidas, afirmando que “globalmente, el suicidio es reconocido como un asunto importante de salud pública.” (Raju Hasmukh con informaciones de CNA)
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