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En octubre de 2019 el Tribunal de Río Negro condenó al médico Leandro Rodríguez Lastra a un año y dos meses de prisión en suspenso por no realizar un aborto, aunque salvó al niño y a la madre.
Redacción (25/02/2021 09:45, Gaudium Press) Al ginecólogo argentino Leandro Rodríguez Lastra, que había sido condenado por evitar un aborto en el 2017 – salvando así la vida de una madre de 19 años y a su hijo de 23 semanas de gestación – el ministerio de salud de la provincia de Entre Ríos, el 11 de febrero pasado, le anunció que “la condena de prisión e inhabilitación [del tribunal] no se encuentra firme y consentida”, por lo cual queda “sin efecto de oficio, la medida cautelar” contra el médico. Esta respuesta del ministerio responde a un recurso que ante el mismo había elevado el médico.
La condena a que se refiere el ministerio es la del Tribunal de Río Negro de octubre de 2019, que le dictaminó un año y dos meses de prisión en suspenso, y dos años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esta sentencia ha sido apelada por la defensa del médico.
En palabras de Damián Torres, uno de los abogados del médico Rodríguez Lastra, aunque se confirme esa sentencia que ha sido apelada, él sólo quedaría inhabilitado para ejercer la medicina en cargo público, pero no de manera privada.
El caso
El abril de 2017 llega al Hospital Pedro Moguillansky de la ciudad de Cipolleti una muchacha con su niño de 23 semanas de gestación. Había ingerido misoprostol para intentar un aborto clandestino.
Rodríguez Lastra era el médico de turno, y decidió no realizar aborto, porque además de matar al niño ponía en riesgo a la madre. El médico logró estabilizarla y cuando el niño cumplió siete meses y medio de gestación, la junta médica determinó que diera a luz por cesárea. El niño luego se dio en adopción.
Pero luego la diputada pro aborto Marta Milesi, denunció al médico.
En el juicio, el fiscal acusó al médico de poner su voluntad “por encima de la paciente”. “no le pidió su consentimiento para hacer todo lo que hizo”, e impidió un aborto ya iniciado. El juez Álvaro Meynet argumentó que el médico, al no estar inscrito en el registro de objetores de consciencia, estaba obligado por ley a realizar el aborto.
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