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Madrid (Martes, 14-04-2020, Gaudium Press) Las interrupciones de ceremonias religiosas están causando en España una reacción que se puede ya calificar de grande.
Ahora está en foco la interrupción de una misa ayer en San Fernando de Henares, donde la Policía Nacional entró a las 19:45 horas y pidió desalojar el templo bajo pena de sanción a los 5 feligreses que asistían en ese momento a la eucaristía. Esta parroquia está bajo la jurisdicción del obispado de Alcalá de Henares, donde no se han cerrado las iglesias.
El sacerdote oficiante mostró a la Policía «lo que dice el artículo 11 del Decreto de Alarma, y los feligreses han mostrado todos el papel del obispado que nos invitaron a repartir como salvoconducto hacia la policía». En todo caso, la policía insistió en que si no se suspendía la misa vendrían las sanciones. La policía también declaró que habían acudido al templo instigados por un vecino.
Después de los hechos, el sacerdote recibió, para la continuación de la celebración de las eucaristías en los días siguientes, las siguientes indicaciones del Obispado:
«Que celebre con normalidad pero que no deje las puertas abiertas de par en par ni las luces que dan a la calle encendidas. También quitar las campanas que anuncian la Misa. Explicar a los feligreses que la puerta estará siempre ‘cerrada’ aunque sin llave, para que puedan pasar y la vuelvan a dejar cerrada». De acuerdo a la opinión del sacerdote, lo ocurrido en el día de ayer equivale a un ilegal allanamiento de morada.
Declaraciones de la subdirectora de la policía
En rueda de prensa ayer con la subdirectora de la Policía, fue esta inquerida sobre los hechos ocurridos el pasado Viernes Santo en la Catedral de Granada, cuando fueron desalojados el Arzobispo, sacerdotes y una veintena de fieles de la liturgia que se realizaba en la Catedral.
Interior de la Catedral de Granada
La subdirectora Pilar Allúe respondió que «la normativa vigente no ampara la realización de este tipo de actividades en estos momentos de confinamiento. Y no fue la Policía la que desalojó, sino que se solicitó a los oficiantes que pidieran a los fieles que abandonaran el lugar».
En sentido contrario se han pronunciado penalistas como José María de Pablo, catedrático en la Universidad de Navarra, quien se reafirma en que el desalojo en la Catedral de Granada fue ilegal, dada la autorización expresa del artículo 11 del Real Decreto que declara el estado de alarma, el cual permite las ceremonias religiosas siempre que se eviten aglomeraciones y se garantice la distancia de un metro entre los fieles.
Afirma el abogado penalista que interrumpir una ceremonia religiosa como la que se realizaba en Granada atenta contra la libertad de culto garantizada por el artículo 16 de la constitución española.
Con información de Infocatolica e Infovaticana
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