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Quito (Martes, 24-01-2012, Gaudium Press) Un proyecto de ley sobre libertad e igualdad religiosa, que establece la creación de un «Consejo de Libertad y Equidad Religiosa» preocupa de forma creciente a la Iglesia en el Ecuador, por las determinaciones con las que se estaría amenazando la libertad religiosa y de culto en el país andino. El proyecto está siendo discutido por la Asamblea Nacional de ese país.
«Simplemente este Consejo no es necesario y regresaría al Ecuador a siglos pasados – afirma Mons. José Mario Ruiz Navas, ex-presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en artículo publicado ayer en El Universo. Además, su integración estaría ‘sujeta a lo estipulado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social…’. Adiós separación Estado-Iglesia!… No cabe una intromisión del Estado en materias que son propias e internas de cada Confesión religiosa. Además, dicho Consejo difícilmente estaría compuesto por personas realmente independientes de partidos y conocedoras del llamado Derecho Eclesiástico del Estado», señaló el prelado.
Por su parte Mons. Guido Iván Minda Chalá, obispo auxiliar de Guayaquil dijo a médios de comunicación locales que «es sorprendente que um estado laico como el Ecuador, que por principio promueve la separación entre la Iglesia y el Estado, quiera ahora crear um Consejo regulamentador», según reporta la Agencia Fides.
Según afirma también Fides, el proyecto prevé que el espacio público no sea utilizado para actividades religiosas, lo que afecta, entre otros, las procesiones de los Santos Patronos en las ciudades. Igualmente, otro punto llave en discusión trata sobre la esencia de las escuelas católicas y al hábito usado por sacerdotes católicos y religiosas.
En comunicado emitido por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana el 6 de enero pasado, los obispos piden que una legislación sobre la materia proteja el derecho a la intimidad, «la objeción de conciencia, el pluralismo y la convivencia religiosa, la libre información en materia religiosa, la libre expresión religiosa, la asociación y fundación, la garantía de los días festivos religiosos, la inviolabilidad de los lugares de culto, cementerios, archivos y del secreto ministerial, inembargabilidad de los bienes sacros, y la presencia de símbolos religiosos en los centros públicos y privados».
Los obispos advirtieron que el proyecto inicial afirma que «cada entidad religiosa debe contar con un proceso de certificación y acreditación de sus autoridades, guías o ministros de culto, reconociendo formación y experiencia en el ámbito religioso, considerando enfoques de género, generacional, diversidad cultural para el ejercicio del culto religioso». Ante ello, la Conferencia Episcopal del país dijo que «si se parte del principio de separación entre el Estado y las entidades religiosas, cada una de ellas debería gozar de independencia en esta materia».
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