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Buenos Aires (Martes, 05-04-2012, Gaudium Press) La Comisión de Drogodependencia de la Conferencia Episcopal Argentina publicó el pasado 04 de junio una declaración sobre la posible legalización de la tenencia de drogas para consumo personal en Argentina. Los Obispos proponen en el documento «algunas reflexiones» sobre la experiencia directa de la pastoral de atención a adictos y exponen sus preocupaciones sobre las consecuencias negativas de dicha despenalización. «Las familias recurren a nosotros en búsqueda de orientación y consuelo. Muchas veces caen en la desesperación», afirma la declaración. «Por eso no podemos callar».
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La declaración reclama introducir en el debate la perspectiva de las familias y, sobre todo, la de las personas de escasos recursos. Según los prelados, las consecuencias de la despenalización son muy diferentes para los pobres: «Un joven pobre que se droga no se está divirtiendo, no hace fiesta ni se dedica a un uso recreativo», aclararon: «huye hacia adelante para llegar más rápido al día de su muerte».
Citando un fragmento de un artículo escrito por el sacerdote José María Di Paola, la Comisión pidió examinar la verdadera naturaleza del consumo de drogas en la población más vulnerable: «En la Argentina, lo que quizás es recreativo para un joven de clase media o alta se torna fatal en los ambientes pobres y marginales» afirma el texto citado. «Es necesario comprender que la vulnerabilidad social aumenta cuando no hay oportunidades de inclusión real; y que, a mayor vulnerabilidad, la brecha entre el consumo recreativo y el consumo problemático se acorta dramáticamente».
Despenalizar es evadir la responsabilidad
Sobre el argumento que sostiene que la lucha contra las drogas está perdida y que la penalización solo hace criminal al adicto, la Pastoral Social citó un documento elaborado por el Equipo de sacerdotes para las Villas de Emergencia de la Arquidiócesis de Buenos Aires, conocedores de primera mano de la realidad social que pretende solucionarse. Los presbíteros afirmaron que «la droga está despenalizada de hecho» y está disponible en las calles, por cuanto la ley sería innecesaria, y, en cambio, «la despenalización a nuestro parecer influiría en el imaginario social instalando la idea de que las drogas no hacen tanto daño».
Esta realidad es constatada por la Iglesia en su trabajo pastoral, que revela una realidad muy diferente a la imagen benigna que se promueve sobre el consumo de drogas. «Vemos la buena intención de los que buscan no criminalizar al adicto, es una locura criminalizar la enfermedad», afirmaron entonces los sacerdotes. «Pero intentemos pararnos desde la perspectiva de las familias más vulnerables».
«Sin un buen sistema de salud, sin políticas fuertes de prevención, sin un sistema educativo realmente inclusivo y eficiente», continúa el informe de los sacerdotes, «el único encuentro del adicto y su familia que pide ayuda con el Estado es la justicia. Despenalizar en estas condiciones es dejar abandonado al adicto, no hacerse cargo de su derecho a la salud». Legitimar la conducta sería entonces una evasión de la responsabilidad del Estado, que preferiría no reconocer el problema para no tener que darle solución.
De igual manera, el documento expone que la despenalización podría llevar a que los adictos se conviertan en verdaderos criminales: «La dinámica misma de la adicción lleva muchas veces a hacer cualquier cosa para satisfacer el deseo de consumo», el cual se promovería con la despenalización.» El próximo encuentro entre el Estado y el adicto ya no será en la enfermedad, sino en el delito que a veces nace de ella», explicó el equipo de sacerdotes. «Usando una imagen podríamos decir entonces que la discusión sobre la despenalización corresponde a los últimos capítulos del libro y no a los primeros».
Legislar desde la realidad
La Comisión de Pastoral Social piden en su declaración que los legisladores tengan en cuenta las condiciones reales de las mayorías, en lugar de atender los reclamos de unas minorías que tienen más influencia. «Quien tiene alimentación adecuada en su infancia, atención médica habitual, dormitorio cómodo y abrigado, recibe las sustancias con serios riesgos para su salud», sostiene el documento, que advierte a continuación: «el daño será mayor en un organismo deteriorado por la pobreza».
Ofrecer la despenalización como solución al problema de la drogadicción significa para los Obispos un desconocimiento de la necesidad urgente de atender otros aspectos del problema para solo concentrarse en la dimensión jurídica del mismo. «Las políticas públicas deberían orientar sin lugar a dudas a desalentar el consumo de drogas. Por eso es de la mayor importancia contar con una política de Estado que promueva la educación, la prevención y la salud».
Facilitar el consumo de droga es una medida desenfocada de la realidad social. La Comisión recordó que la drogadicción no afecta sólo al consumidor, sino que impacta todo su entorno, principalmente su familia. Ésta debe sufrir el deterioro y la angustia del adicto y realizar grandes esfuerzos físicos y morales durante su rehabilitación. La declaración también enuncia los graves riesgos para la salud que conlleva el uso de drogas, incluyendo aquellas consideradas «blandas» o recreativas. Apoya sus afirmaciones en documentos de organismos internacionales que alertan sobre los riesgos de dichas sustancias.
Finalmente, la Comisión expresó su preocupación sobre el notable aumento que tendría el tráfico de drogas en una sociedad que ha legalizado el consumo. El crecimiento actual de dicho mercado revela para los prelados una complicidad innegable de la sociedad y el Estado, y una despenalización claramente daría una mayor libertad a la circulación de las sustancias ilegales. «Debemos saber que las leyes cumplen una función pedagógica. ¿Qué enseñanza nos deja darle a las drogas un reconocimiento legal?»
«Hacemos votos para que la sociedad en su conjunto se involucre para formar una verdadera red que dé respuestas concretas a esta enfermedad de nuestro tiempo», concluyeron los Obispos. «La lucha contra la droga se gana en la educación y prevención, creando fuertes vínculos sociales a través de la solidaridad y la búsqueda del bien común».
El documento completo está disponible en la página web de la CEA.
Miguel Farías / Gaudium Press
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