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Santiago (Miércoles, 24-06-2009, Gaudium Press) El lunes pasado, la administración de la presidente chilena Michele Bachelet decidió preparar un proyecto de ley breve y claro que será enviado al Congreso hasta el próximo viernes, para que se autorice la distribución de la llamada «píldora del día siguiente» por organismos estatales.
La acción gubernamental es una respuesta de la Contraloría y del Tribunal Constitucional del país de prohibir la entrega del anticonceptivo por medio de los municipios.
Según fuentes del gobierno, el texto establecerá el derecho de acceso a todos los métodos de anticonceptivo de emergencia y la obligación del Estado de facilitar su acceso y distribución para todas aquellas mujeres que lo necesiten. La iniciativa legal comprende también un programa de educación para una «sexualidad responsable» y un protocolo para mujeres víctimas de violación.
«Resolvió enviar al parlamento un proyecto para establecer, de manera clara e indiscutible, el derecho de todas las personas de decidir que método anticonceptivo usar y el deber del Estado de facilitar que este derecho se ejerza», afirmó ayer la porta-voz del gobierno chileno, Carolina Tohá.
Delante de la medida, el abogado Jorge Reyes, principal exponente contra la píldora en el Tribunal Constitucional del país, señaló que este proyecto de ley debería ser «rechazado como inconstitucional (…) El Tribunal Constitucional dijo que la contracepción de emergencia atenta contra las normas constitucionales que protegen la vida que está por nacer. Esa misma interpretación que asiste al decreto también va a asistir a la ley, porque, jerárquicamente, está bajo la Constitución«.
A pesar de no querer referirse directamente al tema, una ex-ministra del Tribunal, Marisol Peña, dijo que «nada impediría que, una vez presentado un proyecto de ley, venga una nueva impugnación por el tribunal. Y el Tribunal Constitucional allí tendría que decidir si hay algo juzgado en relación con el tema al cual ya se manifestó oportunamente».
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