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El 10 de agosto la gobernadora de Massachusetts, que se dice católica, firmó una ley que elimina restricciones a abortos después de la semana 24.
Kelsey Reinhardt – Foto: CatholicVote
Redacción (13/08/2026 16:07, Gaudium Press) El 10 de agosto pasado, la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey —quien se identifica públicamente como católica—, firmó la ley H.5595 (Prioritizing Patient Access to Care Act), que elimina las restricciones legales que existían para el aborto después de las 24 semanas de embarazo. La norma sustituye las anteriores condiciones médicas por una fórmula abierta: el aborto “puede ser realizado por un médico basándose en su juicio profesional”, sin que ningún proceso de revisión pueda anular esa decisión. La firma se realizó en un acto público y festivo, rodeada de aplausos.
Antes de la sanción, los cuatro obispos católicos del estado —el arzobispo Richard Henning de Boston y los obispos McManus (Worcester), da Cunha (Fall River) y Byrne (Springfield)— ya habían calificado la medida de “gravemente inmoral” en un comunicado conjunto del 29 de julio.
A esa medida, y dos días después de la firma, Kelsey Reinhardt, presidenta y CEO de CatholicVote, envió una carta pública a los cuatro obispos de ese estado americano, comunicación en la que pide que los obispos determinen, con su propia autoridad, si la gobernadora Healey ya incurrió en la pena automática prevista por el derecho canónico y, de ser así, que lo declaren.
Claridad, basada en el derecho canónico
La carta invoca el canon 1397 §2, que impone excomunión latae sententiae a quien procura un aborto consumado, y el canon 1329 §2, que extiende esa pena a los cómplices “sin cuya colaboración el delito no se habría cometido”. Para Reinhardt, la firma de Healey no fue un gesto pasivo: “Una gobernadora que firma una legislación para convertirla en ley no es una simple espectadora… no es simplemente cómplice en un sentido cultural general, sino en el preciso significado canónico del término.”
La carta dedica una sección al escándalo público que representó la ceremonia de firma, celebrada con aplausos: “Este no fue un pecado privado. Fue una lección horrenda impartida por una gobernadora católica a ciudadanos católicos.” La directora de voto católico recuerda el carácter medicinal de la pena en el derecho canónico: “No se le niega la medicina a una persona enferma para no herir sus sentimientos. Se la administra porque se la ama.”
La carta cierra con tres peticiones concretas a los obispos: declarar si Healey incurrió ya en excomunión automática; responder pastoralmente al escándalo de la ceremonia; y hacerlo no como comentaristas políticos, sino como pastores dirigiéndose a una oveja de su propio rebaño. El texto termina con una exhortación directa: “Hablen, Excelencias. El momento lo exige.”
Hasta el momento, los obispos de Massachusetts no han respondido públicamente a la petición de CatholicVote.
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