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La defensa del profesor José María Martínez Sanz dice que no tendrá dudas en llevar adelante todas las actuaciones tendientes a defender sus derechos fundamentales.
Foto: European Court of Human Rights
Redacción (04/04/2023 09:45, Gaudium Press) ¿Podría el Papa ser citado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por la defensa de un numerario del Opus Dei que considera que han sido vulnerados algunos de sus derechos básicos en un nuevo proceso canónico? Corren serios rumores de que sí, dependiendo de cómo avance el proceso.
Estamos hablando del caso del Colegio Gaztelueta, al que Gaudium Press ya ha hecho referencias.
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Histórico
Se trata del caso de José María Martínez Sanz, numerario del Opus Dei y antiguo profesor del colegio Gaztelueta en Leioa – España, acusado de abuso sexual por el alumno Juan Cuatrecasas a inicios de la década pasada.
Una primera investigación eclesiástica ordenada por el Papa y realizada por la Congregación para la Doctrina de la fe en el 2015, concluyó que los hechos denunciados no habían “sido probados” y, por tanto se debía “restablecer el buen nombre y la fama del acusado, sin que proceda adoptar, ulteriormente, ninguna otra medida en relación a la citada persona”.
Entre tanto, en el 2018 la Audiencia Provincial de Bizkaia condenó al profesor a 11 años de cárcel, y luego, el Tribunal Supremo –en una sentencia cuyo ponente fue el juez Manuel Marchena y que estimó de forma parcial el recurso presentado por el profesor– rebajó esa condena a 2 años de prisión en 2020, declarando sin embargo que era culpable de un delito continuado de abusos sexuales, prohibiéndole acercarse a la víctima durante cuatro años, e inhabilitándole el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La condena había así quedado en firme, y el acusado la cumplió, aunque sostuviese siempre su inocencia.
Pero a consecuencia de una comunicación de Juan Cuatrecasas a Francisco, el Papa ordenó el año pasado la conformación de un tribunal canónico ad casum para iniciar un proceso contra el profesor Martínez . Efectivamente, el 15 de septiembre de año pasado, según reporta Religión Confidencial, Mons. Joseba Segura, Obispo de Bilbao, por indicación del Vaticano, hizo pública una nota de prensa en la que daba a conocer que el Pontífice “ha considerado oportuno ordenar la instrucción de un proceso canónico, encomendado a Mons. José Antonio Satué Huerto, obispo de Teruel y Albarracín. Como notario actuará el Rvdo. José Luis Perucha Rojo, Rector del Seminario de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara. La Dra. Mirian Cortés Dieguez, Rectora del Universidad Pontificia de Salamanca, y el Rvdo. Federico Mantaras Ruiz-Berdejo, Vicario general de la Diócesis de Asidonia-Jerez, serán los asesores”.
El antiguo profesor Martínez conoció de la instrucción del proceso a través de la nota de prensa del Obispo de Bilbao, y se alistó a aprontar su defensa.
Según informaciones recogidas por Religión Confidencial, esta se encuentra constituida por un abogado procesalista civil, una abogada penalista y un canonista. En la parte civil está actuando el despacho Mikel Echarri, y por la parte canónica el catedrático de procesal canónico de la Universidad de Navarra Jorge Miras.
Días después de la nota de prensa del Obispo de Bilbao, el profesor José María Martínez recibe una carta de Mons. Sauté, ya presidente del tribunal canónico ad casum para él. En la carta se decían dos cosas que llamaron la atención de juristas, como era que si por alguna razón el profesor estuviese dispuesto a decir la verdad que no declaró e su momento, ese tribunal ahora la recibiría; y que el Papa estaba dispuesto a dispensar la norma que establece la irretroactividad de la ley penal para que José María Martínez Sanz pudiera ser juzgado. Esto porque para la época en que se cometieron los hechos por los que el profesor fue condenado por un tribunal civil, la ley canónica no preveía la posibilidad de juzgar a un laico, como ahora en principio sí.
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La defensa del profesor plantea su estrategia
Recoge Religión Confidencial que la defensa del profesor Martínez planteó de manera escrita al presidente de este nuevo tribunal, Mons. Satué, que primero debía acreditar fehacientemente su nombramiento, cuáles eran las facultades otorgadas a este tribunal, y por qué se había creado el mismo. También se requirió al Obispo de Teruel y Albarracín que explicase la naturaleza del procedimiento que se estaba iniciando y cuales eran los límites de las competencias de ese tribunal.
Estas son las llamadas cuestiones previas, en las que el órgano que piensa juzgar a una persona demuestra la legitimidad y límites de su acción, cuestiones que deben por lo común quedar definidas antes del inicio del procedimiento judicial en cuanto tal.
También la defensa le pedía al Obispo que presentara el decreto del Papa Francisco que dejaba en suspenso la norma de la irretroactividad de la ley penal canónica, si es que ese decreto existía.
Ninguna de las interrogaciones acerca de estas cuestiones previas fue respondida y se produjo entonces un tipo de silencio procesal por parte del tribunal ad casum.
Este silencio se rompió el 16 de marzo pasado, cuando José María Martínez recibe un burofax del presidente del Tribunal Canónico con un Decreto en el que se le citaba a declarar para este 27 de marzo, conteniendo además “una serie de acusaciones sobre los supuestos hechos abusivos que cometió José María Martínez Sanz, acusaciones que el Tribunal Supremo español ya ha rechazado con una sentencia definitiva”, según indican fuentes de Religión Confidencial.
Manifestaba la defensa que las acusaciones estarían violando el principio universal “Non bis in idem”, es decir, que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho punible, hechos que ya fueron abordados por la mayor instancia civil de un Estado soberano, y sobre los que ya existe sentencia definitiva o ‘cosa juzgada’.
Pero también es cierto que esta citación para el Lunes 27 de marzo, desestimaba de facto todas las preguntas sobre ‘cuestiones previas’ levantadas por la defensa del profesor Martínez, pues estaba dando inicio a un procedimiento penal canónico.
A la citación no acudió el profesor Martínez sino su defensa, la cual insistió en la resolución de las cuestiones previas, sin lo cual consideraban no se habría acreditado que este tribunal sea realmente competente para citar a alguien a juicio.
Ante esta situación, la defensa afirma que no tendrá dudas en llevar adelante todas las actuaciones tendientes a defender los derechos fundamentales del profesor Martínez, sea en el ámbito español como en el ámbito internacional. A ello no lo movería un intento de deslegitimación de la persona del Pontífice romano, sino la defensa de los derechos de un ser humano.
Y ahora, crece la expectativa por lo que habrá dicho el Papa en el documental ‘Amén. Francisco responde’, que saldrá a la luz mañana, en el que Francisco conversa con 10 jóvenes, uno de ellos Juan Cuatrecasas, por las implicaciones que sus afirmaciones puedan tener en un proceso canónico en curso. (SCM)
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