Canonistas apoyan decisión de Arzobispo de Indianápolis, de negar título de "católica" a una escuela preparatoria

Indianápolis (Jueves, 27-06-2019, Gaudium Press) Las repercusiones de la decisión del Arzobispo de Indianápolis, Mons. Charles Thompson, de quitar el derecho de llamarse católica a la Escuela Preparatoria Jesuíta Brebeuf, han alcanzado los escritorios de los estudiosos del derecho canónico.

Mons. Charles Thompson

Algunos especialistas consultados por el National Catholic Register, apoyan decididamente la decisión del prelado, definen los contornos del debate, y expresan sus opiniones.

Por ejemplo, el sacerdote dominico Joseph Fox, vicario para servicios canónicos de la Arquidiócesis de Los Ángeles, afirmó que «la ley canónica es muy clara». «El provincial jesuita puede sentirse libre de formar jesuitas de la forma en que los jesuitas forman jesuitas. Pero esto no se trata de la formación jesuita. Se trata de los jesuitas ofreciendo un servicio educativo, y [en ese contexto] están sujetos al arzobispo».

De hecho, el cánon 803 del CIC establece que «la enseñanza y educación en una escuela católica debe fundarse en los principios de la doctrina católica; y han de destacar los profesores por su recta doctrina e integridad de vida. Ninguna escuela, aunque en realidad sea católica, puede adoptar el nombre de «escuela católica» sin el consentimiento de la autoridad eclesiástica competente». El caso por el que le fue impedido el uso del apelativo «católica» a la escuela, es la decisión de la misma de mantener a un profesor que afirmaba un ‘matrimonio’ público con una persona del mismo sexo.

Decreto del Arzobispo

El conflicto entre la Arquidiócesis y la escuela llevaba un buen tiempo, y finalmente motivó la promulgación de un decreto por parte de la Arquidiócesis, el pasado 20 de junio, en el que se establecía que la escuela Brebeur violaba las políticas locales de la Iglesia en lo concerniente a contratos de escuelas católicas:

«En la Arquidiócesis de Indianápolis, todas las escuelas católicas arquidiocesanas y escuelas católicas privadas han recibido instrucciones para establecer claramente en sus contratos y descripciones de funciones laborales que todos los ministros [funcionarios] deben transmitir y apoyar todas las enseñanzas de la Iglesia Católica», se lee en la declaración que precede al decreto.

«Lamentablemente, la Escuela Preparatoria Jesuita de Brebeuf ha libremente escogido no acoger tales acuerdos que protegen el importante ministerio de comunicar la plenitud de la enseñanza católica a los estudiantes. Por lo tanto, la Arquidiócesis de Indianápolis ya no reconocerá a Brebeuf Jesuit Preparatory School como una institución católica».

Una situación similar, pero con final diferente, ocurrió el pasado 23 de junio, cuando la Cathedral High School en Indianápolis, anunció que un maestro en un «público matrimonio del mismo sexo» dejaría la escuela, después de que la administración de la escuela fuera advertida en el sentido que la retención del maestro «resultaría en la pérdida de nuestra identidad católica debido a nuestro empleo de un individuo viviendo en contradicción con la enseñanza católica sobre el matrimonio».

«A pesar de lo que está diciendo el flujo general de la prensa general, las acciones del arzobispo no fueron porque no despidieron a este empleado, sino porque no observaron su autoridad legítima para emitir regulaciones generales para las escuelas católicas en su diócesis, incluso las de religiosos», al no introducir la ‘clásula de moralidad’ en sus contratos, afirmó el P. Pius Petrzyk, canonista en el Seminario St. Patrick en Menlo Park, California.

Por su parte Edward Peters, profesor de derecho canónico en el Seminario Mayor Sagrado Corazón, en Detroir, expresó que la decisión del maestro de acceder a un «matrimonio» entre personas del mismo sexo fue un «acto público de desafío contra la enseñanza fundamental de la Iglesia sobre la naturaleza del matrimonio, un acto tomado … ante … niños jóvenes y sus familias que buscan recibir una educación católica con palabras y hechos». Este desafío abierto, concluye, es un «escándalo clásico (Catecismo de la Iglesia Católica, 2284), en sí mismo siempre una ofensa grave contra el bien común, y aún más grave cuando se perpetró ante jóvenes (Catecismo, 2285)», lo que justifica la intervención de la autoridad eclesiástica.